El Gobierno da representatividad a una organización agraria afín

Hasta ahora las únicas que tenían ese rango eran Asaja, Coag y UPA. Unión de Uniones quedaba fuera, pero la semana pasada el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos se pusieron de acuerdo para reformar el sistema de elección vía enmienda a la ley del desperdicio. No es la primera vez que la tramitación de una norma se usa para aprobar otra que nada tiene que ver, pero en esta ocasión hubo polémica porque, en la práctica, con el cambio de ayer se otorgó representatividad a Unión de Uniones.

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En declaraciones a los medios, el presidente de Asaja, Pedro Barato, pidió que no se use el sistema como «pago a los servicios prestados». No dio más detalles, pero hay que recordar que Unión de Uniones y UPA fueron las únicas que se avinieron a firmar el ya célebre paquete de 43 medidas propuesto por el Ministerio. Más beligerantes, Coag y Asaja no participaron por creer que las medidas eran insuficientes.

Más allá de esto, Pedro Barato aseguró que van a acatar el sistema que se adopte, tanto si es electoral o no, aunque afirmó que para conocer si una organización tiene peso hay otros criterios, como el análisis del número de oficinas, expedientes, empleados y trabajos realizados en los últimos años.

El de la representatividad era un asunto pendiente, pues hay que recordar que la última ley, aprobada en 2014 durante el gobierno de Mariano Rajoy, preveía hacer una consulta en toda España para determinar qué organizaciones eran las más relevantes, una que no se ha hecho en todo este tiempo.

Por la presión de Unión de Uniones, que denunciaba un agravio, ahora llega esta reforma, que cambia el sistema para que la representatividad se decida por elecciones en las comunidades autónomas en las que las haya y por otro mecanismo donde no sea el caso. Aun así, para ser elegibles las organizaciones tendrán que cumplir unos mínimos, como estar constituidas como opas agrarias de carácter estatal.

Discusiones al margen, en lo que sí coincidieron ayer Asaja y Unión de Uniones fue en considerar que una enmienda a la ley del desperdicio alimentario no era el modo de atajar el problema de la representatividad.