Las empresas temen que el escudo 'antiopas' aliente injerencias del Gobierno en sectores estratégicos

La prórroga se sustanciará dentro del paquete de medidas ómnibus que el Ejecutivo está ultimando estos días y que dará cauce a la prórroga total o parcial de las medidas de alivio adoptadas en los últimos meses para atenuar el impacto de la subida de precios de la energía y de la inflación sobre hogares y empresas y se vinculará a esa situación de excepcionalidad.

El Gobierno no se limitará a prorrogar el escudo vigente en la actualidad sino que dará un paso más en su control sobre los movimientos corporativos de los gigantes empresariales domésticos. Si hasta ahora tenía la posibilidad de bloquear las operaciones de toma de control de una participación superior al 10% en empresas españolas que desde su punto de vista pudieran poner en riesgo la seguridad nacional o el normal funcionamiento de un mercado determinado, a partir de ahora podrá vetar también las que planteen la segregación de determinados activos o unidades de negocio que el Ejecutivo valore como estratégicas.

Fuentes del área económica del Gobierno explican que tras dos años de funcionamiento de este dispositivo «se ha detectado que el mismo no ofrece seguridad jurídica suficiente en relación a si el control de las inversiones extranjeras se aplica únicamente a operaciones que se lleven a cabo respecto a empresas españolas, tal y como se señala expresamente en la ley, o si bien es extensible a aquellos casos en los que no se adquiera el control de la sociedad«.

Ante esta supuesta inseguridad jurídica el Ejecutivo ha decidido reformar directamente la ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior del año 2003, en la que se ha amparado para activar este control previo sobre las inversiones extranjeras, para extender el mismo a las operaciones de inversión en que se adquieran activos o ramas de actividad sin forma societaria «con el fin de preservar la integridad del control de inversiones y ofrecer las debidas garantías jurídicas a los inversores», algo además que consideran urgente.

El llamado 'escudo antiopas' se activó de forma urgente en marzo de 2020 para proteger a las grandes empresas españolas del potencial apetito de los grandes inversores extranjeros en un contexto en el que la pandemia hundió la capitalización bursátil de las principales compañías domésticas y la puso a tiro de los inversores. La maniobra se hizo con el visto bueno de Bruselas, que en un contexto de creciente proteccionismo en las grandes áreas económicas globales optó por priorizar la protección de las empresas europeas sobre el principio de libre circulación de capitales que rige en la UE.

Meses después el Gobierno la extendió también a las empresas con residencia en la UE pero cuyos titulares fueran de territorios ajenos al mercado común para evitar maniobras orientadas a tomar el control de empresas europeas. La norma se ha prorrogado en dos ocasiones al entender el Gobierno que persistían las circunstancias excepcionales que aconsejaban el mantenimiento de este muro de protección ante ataques de inversores foráneos, fueras hostiles o no.

El Gobierno argumenta que el dispositivo lleva dos años y medio operativo y no ha generado ninguna distorsión en la inversión extranjera directa en España, algo que está sustentado por los datos oficiales sobre inversión directa en el país.

Sin embargo, las fuentes empresariales consultadas advierten de que la intervención del Gobierno sí ha tenido incidencia en algunas operaciones concretas, entre las que se cita la opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy o la poco exitosa maniobra de Vivendi sobre el Grupo Prisa.

«Un escudo 'antiopas' puede tener sentido si es transitorio, transparente y se utiliza de manera puntual y no discrecional, pero lo más importante es que no se utilice como una herramienta para conseguir por la puerta de atrás una mayor intervención gubernamental sobre la economía», asegura en declaraciones a ABC el vicepresidente y presidente de la Comisión de Economía de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, manifestando el temor deslizado en privado por media docena de fuentes empresariales consultadas por este diario.

La inquietud es mayor por la falta de concreción de la norma a la hora de definir cuáles son las empresas que se consideran estratégicas. La norma establece un listado que alcanza prácticamente a todas las empresas del Ibex 35, pero se deja la puerta abierta a actuar en otros sectores cuando se entienda que «puedan afectar a la seguridad pública, el orden público y la salud pública».

«La inversión extranjera ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las infraestructuras en España y en el crecimiento de nuestra economía», advierte Fernández de Mesa. «España es percibido como un país abierto y amigable para la inversión extranjera y es esencial mantener esa reputación».

Otra de las fuentes consultadas intuye que el daño ya está hecho. Advierte de la existencia de accionistas que han abordado inversiones con la idea de conseguir liquidez en un momento determinado y que ahora, por una intervención gubernamental, ven condicionadas sus expectativas de liquidez. «No solo afecta a las ventas, también a las ampliaciones de capital y lo de la autorización previa para las ventas de activos o unidades de negocio hace la herramienta mucho más restrictiva. Va a contaminar a todo el mercado de capitales», avisa.