El Gobierno recorta cuatro décimas hasta el 2% su previsión de crecimiento para 2024

Para este año, el Gobierno avanza que el crecimiento será del 2,4%, tres décimas superior al previsto cuando el INE aún no había iniciado su secuencia de revisiones al alza del PIB de los ejercicios de 2020, 2021 y 2022, que han tenido sus efectos sobre el crecimiento de este año.

Bajo esa premisa de crecimiento, que descuenta que la demanda interna sustituirá la capacidad tractora que ha tenido el sector exterior en los últimos meses, el Ejecutivo traslada a Bruselas su opinión de que es posible conseguir los objetivos de consolidación fiscal planteados por el país para cerrar el año que viene con una deuda del 106% del PIB y un déficit del 3% del PIB, que impida que España entre en el nuevo marco de reglas fiscales como país incumplidor.

Alcanzar ese objetivo tendrá sus consecuencias. El Plan Presupuestario remitido a Bruselas se construye sobre la base de que se retirarán la inmensa mayoría de las medidas de apoyo a particulares y empresas aprobadas en los últimos meses para amortiguar el impacto de la guerra de Ucrania, empezando por las rebajas fiscales sobre el recibo de la luz y el gas (IVA superreducido, suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, reducción al mínimo del impuesto especial sobre la electricidad...) y siguiendo por las ayudas sectoriales a transportistas, flota pesquera o arrendatarios dispuestas por el Gobierno.

Los cálculos trasladados a la Comisión Europea por el Gobierno confirman que solo sobre esa base España podrá reducir su déficit público por debajo del 3% del PIB al cierre de 2024, evitando así caer en el brazo correctivo de las nuevas reglas europeas a las primeras de cambio, y cumplir la regla impuesta por Bruselas de que el gasto primario neto de medidas de ingresos crezca por debajo del 2,6%. El escenario "a políticas constantes" remitido a Bruselas prevé un crecimiento del gasto del 2,5% solo por el efecto de la revalorización de las pensiones con el IPC y la subida a los funcionarios, por lo que cualquier tentación de mantener alguna de las medidas hoy en vigor descuadraría un escenario fiscal cogido con pinzas y sostenido sobre una previsión de crecimiento de los ingresos de cerca del 6% que habrá que ver si se podrá cumplir.

Sin embargo, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, insistió este lunes en que el Gobierno en funciones no ha tomado ninguna decisión definitiva al respecto. "Es una decisión que tendrá que tomar el próximo Gobierno. Solo puedo decir que no hay ninguna decisión tomada y que como siempre las estimaciones realizadas por el Gobierno se caracterizan por la prudencia", en relación a la existencia de algún posible margen fiscal para tomar decisiones, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí deslizó en la presentación de los Presupuestos de 2023, donde no se incluyó ninguna medida y que no fue obstáculo para prorrogar la vigencia de la mayoría de las medidas aprobadas en 2022.

La única medida que se salvará de la quema serán las subvenciones para promover el uso del transporte público, que el Gobierno en funciones ya avanzó que se convertirán en estructurales si tiene la oportunidad de seguir gobernando. Renfe seguirá recibiendo 600 millones de euros anuales del erario público para abaratar el coste de sus billetes, el Estado seguirá reservando una partida de 80 millones de euros para abaratar los títulos multiviaje de la red de transportes del Estado y elevará hasta los 760 millones de euros las ayudas directas a comunidades autónomas y entidades locales para que estas reduzcan el precio de los títulos de transporte público, los famosos abonos de transporte.

El Gobierno ha aprovechado el Plan Presupuestario remitido a Bruselas para dar un toque de atención a las comunidades autónomas, en un contexto político en el que la mayoría de ellas ya están gobernadas por el Partido Popular. El texto remitido por el Ministerio de Asuntos Económicos a Bruselas subraya que aunque el Gobierno mantiene su previsión de déficit del 3,9% para este año, ese se conseguirá pese a una desviación importante en el saldo fiscal de las comunidades autónomas, que pese a tener un objetivo fijado de un déficit del 0,3% del PIB todo apunta a que incurrirán en un déficit del 0,6% del PIB.

El Plan Presupuestario también desliza que el año que viene estas tampoco podrán alcanzar el objetivo de equilibrio presupuestario impuesto en la senda fiscal definida por el Gobierno y que el desequilibrio de sus cuentas se sitúe probablemente en el 0,1% del PIB. En este caso, recalca que las medidas discrecionales que ya se conocen de cara a 2024, especialmente las rebajas fiscales anunciadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP en IRPF, Impuesto de Sucesiones o Impuesto de Patrimonio detraerán más de 2.000 millones de euros en ingresos y complicarán el cumplimiento del objetivo de equilibrio presupuestario.