El Gobierno presume de subir las pensiones casi un 30% en cinco años pese al aviso de Bruselas por el alza del gasto y el déficit

Lo cierto y verdad es que el principal componente acelerador del gasto aprobado en la primera remesa de medidas, mediante el que se volvieron vincular las revalorizaciones de las prestaciones al incremento anual de la inflación, ha brindado a los 9.187.187 pensionistas de nuestro país una senda de incrementos de renta sustancial en los últimos años -teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva realizando esta actualización de las pagas entre 2019 y 2022 por vía decreto de suspensión del ahora derogado IRP-.

Así, la pensión media del sistema (que comprende la distintas clases de pensión: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares) ha pasado de los 995 euros de abril de 2019 a los 1.252 euros registrados en el cuarto mes del presente ejercicio, es decir, cerca de un 27% más. «Si tomamos como referencia la entrada en vigor de la Ley 21/2021, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, la pensión media del sistema se ha incrementado un 21,5% (marzo 2021), gracias en gran parte a la revalorización conforme al IPC aplicada en los últimos tres años», señala el Gobierno sobre el acumulado de tres últimas subidas -siendo las dos últimas las más altas de la historial-.

En este punto, y en contraste con las cautelas puestas sobre al mesa por parte de los técnicos de las Comisión Europea sobre el impacto financiero del mix de medidas introducidas por el antecesor en el cargo y actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, el Gobierno trata de reiterar la pertinencia de la vinculación de las pensiones al avance del IPC. «La subida de los precios a consecuencia de la guerra de Ucrania nos ha demostrado que revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC por ley fue muy acertado. Es seguridad para nuestros pensionistas y es justicia social», reafirma la actual ministra del ramo Elma Saiz en el comunicado sobre la nómina mensual de prestaciones de la Seguridad Social de abril conocida este viernes.

Producto de estas revalorizaciones, en el desglose por tipo de prestación, las pagas por incapacidad permanente han pasado de una cuantía media de 978 euros en abril de 2019 a 1.160 euros mensuales en esta última nómina, un 18,6% más; las de jubilación han transitado desde los 1.143 euros de hace cinco años a los 1.439 euros de media en este mes de abril, un 25,9% más; las de viudedad han crecido desde los 714 euros hasta los actuales 894 euros, un 25,2% más; mientas que las pagas de orfandad han crecido desde los 405 euros a 501 euros mensuales, un 23,7% más, y las de a favor de familiares han pasado en este lustro de 579 euros a 739 euros mensuales, un 27% más.

Esta senda es la que resulta en las grandilocuentes cifras que arroja actualmente el desembolso mensual que realiza el Estado en las más de 10 millones de prestaciones que abona. La Seguridad Social destinó en el presente mes de abril la cifra récord de 12.710,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2023. Lo que supone destinar cada mes casi un punto del PIB a este capítulo presupuestario. Este desembolso, más allá, también ha crecido un 30% en este periodo desde los 9.759 millones que salieron del presupuesto en abril de hace cinco años.

Ello, sin contar con la nómina paralela de las pensiones de los funcionarios de clases pasivas del Estado. El número de prestaciones en vigor de este colectivo a cierre de marzo de este año (último dato disponible) fue de 709.983, cifra un 2,2% superior a la del mismo mes de 2023. La nómina mensual de estas pensiones ascendió a 1.574,8 millones de euros, un 6,6% más. Teniendo en cuenta que pare el cuarto mes del año el desembolso sería similar, la nómina agregada y consolidada de pensiones proporcionadas por el Estado en su conjunto ascendería a cerca de 14.300 millones de euros.

En consecuencia, el gasto no se situaría en 11,5% del PIB a cierre de abril, sino que en agregado se acercaría más al cálculo estimado en el reciente informe de la Comisión Europea que sitúa el punto de partida en el entorno del 13,1% del PIB de gasto en pensiones, incluyendo las de los funcionarios.

Si bien es cierto que el Gobierno se ha tomado la décima desviación de gasto medio anual estimado hasta 2050, que el Ageing Report sitúa en el 15,1% del PIB contra el 15% proyectado por Seguridad Social, como una exigua discrepancia por parte de los técnicos de la Comisión sobre el impacto estimado de la reforma de pensiones, lo cierto es que este desajuste se remite sólo a los primeros años de observación, siendo la brecha de las estimaciones creciente con el paso de los años.

Concretamente, Bruselas establece una primera desviación sobre el gasto previsto por el Gobierno en 2030 cuando el coste agregado de las prestaciones -incluyendo clases pasivas- se situaría en el 14,3% del PIB, medio punto por encima de la senda comunicada por los responsables de Seguridad Social.

Pero la brecha crece con el paso de los años llegando a suponer 1,7 puntos porcentuales a mitad de siglo, cuando Bruselas sitúa en el 17,3% del PIB, momento en el que además llegaría el pico de desembolso previsto. Para 2070, aunque se observa una reducción del desembolso hasta el 16,7% del PIB, la brecha respecto a las estimaciones de Moncloa llega a su máximo de todo el periodo, siendo hasta 3,8 puntos porcentuales del PIB mayores que ahora. De media, el coste hasta 2050 se situaría en el 15,1% del PIB.

En consecuencia y como punto de advertencia la Comisión desecha por completo la actual lectura que el Gobierno realiza de déficit de la Seguridad Social, al descontar de la parte de ingresos la inyección de más de 40.000 millones de euros que ya recibe el sistema por parte del Estado, y observar sólo el saldo contributivo. Así, desentona la ebullición sobre el avance de la cuantía de las pensiones y su coste asociado teniendo en cuenta que los técnicos de Bruselas le auguran al sistema un déficit medio anual hasta mitad de siglo de 2,6 puntos porcentuales del PIB, unos 39.000 millones de euros anuales que no se logran cubrir con cotizaciones de empresas y trabajadores.