El Gobierno planea un gigante industrial bajo el paraguas de la SEPI

Y es ahora, tras analizar su entrada a través de su brazo inversor –la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)– en algunas de las empresas más estratégicas del país y por la situación económica posterior a la pandemia, cuando renace entre sus planes el sueño de volver a tener bajo custodia estatal un gran conglomerado industrial al estilo del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI).

Así, tal y como ha publicado este periódico, desde La Moncloa están encaminando firmemente sus pasos hacia la creación de campeones nacionales para plantar cara a los grandes competidores de nuestros socios europeos, como el que quieren formar entre Telefónica, Indra e Hispasat; o, el que aglutinaría a Renfe, Adif y Talgo. En el primero, con participación estatal ya a través de la SEPI, y en el segundo –hoy dependiente, las dos primeras empresas, del Ministerio de Transportes– con una de las opciones que barajan aún sobre la mesa si finalmente entran en el accionariado del fabricante de trenes, ya sea junto al Gobierno vasco, Sidenor y el apoyo de la BBK y de la Fundación Vital o con un socio polaco o indio.

Ahora bien, según ha podido saber ABC en el entorno monclovita, similares planes pasan por hacer precisamente de la SEPI un campeón de campeones, un coloso industrial aún mayor de lo que fuera antaño el INI, creado en 1941 como respuesta a la necesidad de reconstruir y desarrollar la economía productiva española, dos años después de concluir la Guerra Civil española. El INI debía, entonces, afrontar el necesario volumen de inversiones que la iniciativa privada no podía acometer, en base a una concepción de economía autárquica, para lo cual recibió del Estado una dotación de 50 millones de pesetas.

Así, junto a su intención de desembarcar en empresas estratégicas privadas en peligro según el Gobierno de ser devoradas por inversores extranjeros de fuera de la Unión Europea –como fue el caso más reciente con Telefónica (donde la SEPI controla ya el 10%), tras el anuncio de compra del 9,97% de los árabes de STC; o de la propia Talgo tras rechazar la oferta de los húngaros de Magyar Vagon; o, incluso, según afirman algunas fuentes, la renacida oferta de los árabes Taqa por Naturgy–, mantiene el proyecto de permanecer o aumentar su participación en las públicas como Indra (con un 28%), Hispasat (7,41%), Redeia (20%), IAG (2,52%), Enagás (5%), Airbus (4,12%)... o el 100% en Correos o Navantia... en torno a las cuales podría igualmente crear otro gran campeón.

Pero, hoy, sus planes van más allá. Y es que en los últimos años, sobre todo tras el Covid 19, el Gobierno de Sánchez ha resucitado su función pública de saneamiento empresarial también en empresas privadas, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégica (Fasee). Aprobado por el Gobierno el 3 de julio de 2020, su objetivo era aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia, consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. El fondo, adscrito al Ministerio de Hacienda y gestionado por un consejo gestor a través, precisamente, de la SEPI, se ajusta a la normativa europea de ayudas de Estado.

El Fasee estaba dotado con un presupuesto de 10.000 millones, pero finalmente se repartió el 53% del mismo, 5.393 millones. El Estado recibió en total 74 solicitudes y concedió ayudas finalmente a 30 empresas del sector turístico, industrial, de la ingeniería, líneas aéreas y del sector servicios. Hasta la fecha, y según cifras oficiales, la suma total de las devoluciones al Fasee asciende a 608 millones, un 22,7% del importe total financiado, 2.681 millones de euros.

El objetivo ahora es, si el Estado no lograra el reembolso final de los créditos concedidos a través del Fasee a estas empresas –en las que, en cualquier caso, ya está sentada en el consejo o ha elegido el gestor tras la petición del rescate–, quedarse con su control bajo el paraguas de la SEPI, convirtiendo esa deuda en acciones.

En la actualidad, son 25 las empresas que cuentan aún con financiación pública pendientes de devolución y por tanto en el punto de mira del Gobierno: Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Ferroatlántica, Grupo Inversor Hesperia, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point.

Gracias a este mecanismo temporal de ayuda pública, dicen desde la propia SEPI, se ha podido mantener la actividad y el empleo en estas compañías, que sufrieron el impacto de la crisis económica motivada por el Covid 19. Añaden las fuentes que las empresas que han recibido financiación del FASEE han visto incrementadas sus plantillas en un 20% respecto a los datos de empleo registrado en el momento de la concesión de las ayudas, que ascendían a más de 60.000 personas.

Las mismas fuentes consultadas explican que, con este plan en la cabeza, el Gobierno, el pasado 10 de diciembre, aprobó en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el real decreto para la transformación de la Sociedad Mercantil Estatal SEPI Desarrollo Empresarial (Sepides S. A., S. M. E.) en la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides E. P. E.) junto con el estatuto de la nueva entidad. Con su creación, el Gobierno tiene el objetivo de fortalecer el impulso a la industria española y contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia Española de Impulso Industrial 2030.

Además –concluyen las fuentes–, la transformación responde a la necesidad de adaptar las estructuras públicas a los retos de la nueva política industrial europea y española, en un contexto marcado por la recuperación pos-Covid y la transición hacia un modelo económico más sostenible y resiliente.