El Gobierno pincha en sus medidas para evitar la especulación en la red eléctrica con los centros de datos

Según cálculos del sector eléctrico, en el último año los negocios relacionados con centros de datos pidieron solicitudes de conexión equivalentes a 10.000 MW. Sin embargo, la propia patronal de este negocio, Spain DC, aseguró hace unos meses que se espera que en 2026 haya poco más de 600 MW operativos. Y más allá de esa fecha, nadie se atreve a hacer cálculos sobre cuál será la necesidad de demanda.

Bajo esta perspectiva, se asume que en estos momentos se está solicitando más capacidad de la que se necesita. Y aquí es donde entran las dudas sobre una potencial burbuja especulativa de la que todos hablan, pero nadie sabe cómo atajarla.

Explican fuentes del sector que el Gobierno ha hecho intentos de atajar la situación, pero han sido muy limitados. En concreto, en el Real Decreto-ley 8/2023 se indica que para la solicitud de acceso y conexión deberán depositarse garantías económicas —excepto en las instalaciones de demanda cuyo punto de conexión sea de tensión inferior a 36 kV— por una cuantía equivalente a 40 €/kW solicitado o, en el caso de las instalaciones de almacenamiento, de 20 euros/kW solicitado.

Entre las condiciones exigidas, se explica que «la finalidad de la garantía será el suministro de un consumo concreto y será cancelada cuando el peticionario formalice el contrato de acceso por una potencia contratada en el periodo P1 de al menos un 50 % de la capacidad de acceso concedida. Por otra parte, se establece la caducidad de los permisos de acceso y conexión si en el plazo de 5 años desde su obtención no se realiza un contrato técnico de acceso por una potencia equivalente de, al menos, el 50 % de la capacidad de acceso del permiso».

Sin embargo, las fuentes consultadas explican que lo que están haciendo los agentes implicados es solicitar menor tensión y escapar a todas estas normas. Por tanto, el Gobierno no ha conseguido el objetivo que tenía de reducir la especulación.

Para que la situación no vaya a más, y se convierta en un problema mayor a la hora de planificar la red eléctrica, fuentes del sector entienden que deberían llevarse a cabo algunas medidas como en su momento se llevó a cabo con los acceso para la generación.

Por ejemplo, se deberían poner una serie de hitos en el que se explicaran los pasos intermedios como las autorizaciones administrativas que se consigan. Si eso no se cumple, se pierden los derechos, pero no solo sobre una base de supuestos muy escasa.

De esta forma se consiguió limpiar la paja de los proyectos que de verdad tenían un plan de negocio detrás. Por ello, el asunto de los avales de ejecución debería extender ahora para la demanda. Y es que, en estos momentos, hay más de 14.000 MW que se han concedido, y no se sabe si se utilizan.