El Gobierno logra recortar el uso de la jubilación anticipada, pero con pensiones más altas que elevan el gasto

Sin embargo, si bien es cierto que la aplicación de los nuevos coeficientes reductores mensuales en la jubilación anticipada voluntaria y la mejora de los incentivos para demorar la salidas del mercado laboral han supuesto un incremento en términos agregados de la edad efectiva de jubilación –desde los 64,66 años en que se situaba en 2021, justo antes de la introducción de la medida, a los 65,07 años en que se encuentra en marzo de 2024–, la estimación del impacto financiero de las medidas está lejos de propiciar un alivio presupuestario en las tensionadas cuentas del sistema público de pensiones.

Hasta aquí el análisis realizado por cinco expertos y catedráticos de Fedea bajo el título 'Primeras valoraciones de los efectos de la Ley 21/2021 sobre la jubilación anticipada y demorada y estimaciones sobre el gasto en pensiones' refleja un claro efecto positivo en términos de incremento de la edad efectiva de retiro. Aquí, cabe destacar que la disminución del porcentaje total de jubilacionesanticipadas con coeficientes reductores del caso voluntario ha pasado del 26,8% al 24% sólo en el primer año de aplicación.

Aquí, se aprecia como casi la totalidad de la caída responde al desplome del volumen de trabajadores que se jubilaban en el supuesto extremo –entre 21 y 24 meses de adelanto– que pasan de ser un 49,9% al 23,7% de todos los que deciden salir de forma anticipadamente del mercado laboral. De este modo, no sólo ha habido menos jubilaciones anticipadas, sino que el tiempo medio de anticipación ha sido un trimestre menor (de 6,2 en 2021 a 5,2 en 2022). «Ello ha favorecido el aumento de la edad efectiva de jubilación, pero también el aumento de la pensión media al aplicar penalizaciones medias menores (del 11,1% en 2021 al 8,2% en 2022) por lo que el efecto sobre el gasto en pensiones es ambiguo», explican desde el 'think tank'.

«El análisis detallado del comportamiento de las jubilaciones anticipadas lleva a pensar que la Ley 21/2021 ha sido efectiva en cuanto a desincentivar la jubilación anticipada y a impulsar la edad efectiva de jubilación, pero no necesariamente en cuanto a limitar el gasto en pensiones», señala el estudio de Fedea publicado ayer.

Por su parte, la aprobación de medidas de incentivo a la demora de la jubilación –aumento al 4% de la bonificación por demorar la jubilación más allá de la edad lega o sustituir esta bonificación por un cheque único– también muestra unos primeros resultados positivos al avanzar ligeramente, del 6 al 6,3%, el volumen de altas de jubilación que se producen bajo esta circunstancia.

Pero a pesar de que este escenario mejora el aspecto temporal del momento en que los trabajadores deciden transitar a la jubilación, ni mucho menos vaticina un comportamiento proporcional en el gasto. Este mix de medidas destinado a elevar la edad efectiva de retiro no tendrá un impacto relevante en términos de ahorro, si este se produce. Y el hecho de que se hayan logrado modular sólo ciertos comportamientos que añaden presión al gasto –como el de los retiros de máxima anticipación– hacen que el ahorro esperado por el Gobierno (0,95% del PIB) sólo sea proyectado en una medida similar por Airef (1% del PIB). Ya el Banco de España rebaja a 0,31 puntos del PIB el ahorro máximo esperado, mientras que Fedea espera incluso un alza de gasto de 0,06 puntos del PIB (900 millones de euros).

«Nuestros cálculos estiman en 0,02 puntos porcentuales la variación de la ratio gasto sobre PIB en caso de aumentar un año la edad efectiva de jubilación sin incrementar la edad legal y si el PIB se mantiene constante», explica el grupo de expertos de Fedea aclarando que el ahorro ascendería a 0,22 puntos del PIB si el PIB aumenta un 2,2% como consecuencia de la mayor tasa de empleo de la población mayor. Este resultado está en línea con el del Banco de España y se sitúa entre los más optimistas del Ministerio y de la AIReF y el más pesimista de Fedea.