Los supervisores del fondo público de pensiones cobrarán hasta 6.433 euros al mes

Uno de estos últimos flecos era la configuración del equipo de profesionales, la Comisión de Control Especial, que supervisará el funcionamiento de los diferentes quince fondos o vehículos de ahorro financiero articulados que serán gestionados por las entidades privadas seleccionadas para esta labor, además de la custodia de los ahorros depositados . Este órgano estará compuesto por trece miembros, entre ellos, cuatro serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, cuatro por las organizaciones empresariales más representativas y cinco por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Desde este martes ya se conocen los nombres de quienes conformarán este órgano supervisor y también en qué condiciones elaborarán su trabajo. Tras el lanzamiento de una oferta pública en la que se convocaban las cinco plazas arrogadas a la Administración y tras haberse concluido el proceso y una vez conocidos los nombres de los miembros propuestos por patronal y sindicatos, el Ejecutivo da por zanjado esta parte del proceso y queda a la expectativa de algunos flecos que retrasarán el pleno funcionamiento de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública al menos hasta comienzos de 2024, como la puesta en marcha de la aplicación web que servirá para consultar el estado de las inversiones de los ahorros de los trabajadores.

A estos trece miembros el Ministerio de Seguridad Social les fija un salario mensual de 3.375 euros brutos al mes, equivalente a 40.500 euros anuales. Si bien, esta remuneración podría mejorar sensiblemente, pues la orden ministerial que recoge la remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial también prevé una remuneración adicional ligada a la asistencia tanto a las reuniones extraordinarias que se celebren por parte de este organismo. Eso sí, con un tope máximo de 22 reuniones anuales.

El salario extra por la asistencia a cada una de estas reuniones parte de 1.390 euros y tendrá una mejora en función del volumen del patrimonio bajo gestión: del 0% si el volumen de ahorros es inferior o igual a 1.500 millones de euros; del 5% entre los 1.500 millones y 2.500 millones de euros; del 10% entre los 2.500 millones y 3.500 millones de euros; del 15% entre los 3.500 millones y 4.500 millones de euros; y hasta un 20% a partir de 4.500 millones de euros. Por lo que este extra mensual ascendería en el extremo de mayor cuantía a los 1.668 euros por reunión. De cubrirse el máximo de veintidós reuniones en el conjunto del ejercicio este extra ascendería a 36.696 euros.

Por lo que si sumamos el concepto ordinario y el extra, la retribución para estos cargos ascendería a 77.196 euros anuales, unos 6.433 euros mensuales de media. Además, existen tres casos en los que la nómina será de mayor cuantía. Los miembros que ejerzan los cargos de presidencia, vicepresidencia y secretaría percibirán una remuneración adicional de un 25, 15 y 20%, respectivamente, sobre el importe de 71.000 euros brutos anuales.

El Gobierno, además, aclara en el texto, tal y como ya recogía la ley del de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo aprobada en junio de 2022, que estas remuneraciones se abonarán con cargo a los depósitos de los fondos de promoción abierta, de modo que no generen una mayor carga para las arcas públicas.

Concretamente, las remuneraciones devengadas por los miembros de la Comisión de Control Especial comenzarán a abonarse una vez que el patrimonio conjunto de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos haya alcanzado, al menos, 1.000 millones de euros. «La Comisión Promotora y de Seguimiento determinará la fecha y la forma para proceder al abono de las remuneraciones devengadas», señala el texto confirmando que los pagos se harán con carácter retroactivo.

En este sentido, tal y como hizo publico este martes el gabinete dirigido por el ministro de Seguridad Social en funciones, José Luis Escrivá, y tras el visto bueno por parte de la Comisión Promotora y de Seguimiento (CPS), órgano de control de los fondos de rango superior, los miembros de la Comisión de Control Especial nombrados a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones son Rocío Eguiraun Montes, ex consejera delegada y ex presidenta de Bankia Pensiones EGFP y Bankia Fondos SGIIC; Lorenzo Esteban Jódar, ex subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; Francisco Javier Garayoa Arruti, ex director general Spainsif; Xabier Ibars, ex subdirector financiero en Nestlé España; y Virginia Oregui Navarrete, ex gerente general de GEROA PENTSIOAK EPSV.

Los miembros de la Comisión de Control Especial nombrados a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas son Luis Perez Capitán, inspector de trabajo y seguridad social, director del Servicio de Estudios de UGT; Cristina Antoñanzas Peñalva, vicesecretaria general de UGT e integrante del Comité de Negociación Colectiva Europeo en representación de Comité Europeo de Mujeres; Víctor Raúl Olmos Mata, parte del equipo de Planes y Fondos de Pensiones de la Confederación Sindical de CC.OO. desde el año 2000 y actualmente en el equipo de Acción Sindical de la organización; y Paloma Fernández Álvarez, responsable del Área de Planes y Fondos de Pensiones de CC.OO. en Cataluña.

Los miembros de la Comisión de Control Especial nombrados a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas son José Alberto González-Ruiz Martínez, secretario general de CEOE y ex CEO de la Sociedad Estatal de Transición al Euro; Luis Aribayos Mínguez, secretario general de Cepyme y miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación; Rosa Santos Fernández, directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE y ex secretaria general de la Confederación de empresarios de Aragón; y Mª del Carmen Alsina Arízaga, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de CEOE y ex concejala de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Gijón.

Cabe recordar que estos miembros cuentan con al menos cinco años de experiencia profesional en la gestión de fondos o planes de pensiones o en otras actividades relacionadas que garanticen el suficiente conocimiento, capacidad de supervisión y gestión, además de no incurrir en incompatibilidades ni en situaciones de conflictos de interés. El objetivo perseguido es que la Comisión de Control Especial disponga de miembros especialmente cualificados. El acto de constitución de la Comisión de Control Especial tendrá lugar el próximo 21 de noviembre.