El Gobierno se expone a un recorte de fondos UE de más de 700 millones por no reformar el subsidio de desempleo

Yolanda Díaz sacó adelante la reforma en el último tramo de 2023, pero la medida decayó en el Congreso de los Diputados al no salir adelante la convalidación por el voto en contra de algunos socios del Ejecutivo. Cumplir este hito es condición indispensable para recibir esos 10.000 millones en fondos y ahora la recepción completa está en peligro. Según han desgranado los expertos de la consultora LLYC, liderados por Paloma Baena, aunque los criterios de cálculo que utiliza la Comisión Europea para recortar los recursos hay una parte que son interpretables, la posibilidad de que nos otorguen menos dinero del solicitado es muy real y hay una parte que sí puede estimarse.

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Siguiendo los cálculos de LLYC, el cumplimiento de cada hito equivale a unos 144 millones de euros para España tal como está configurado el plan de recuperación. Y si se trata de un asunto que viene recogido en las recomendaciones del Semestre Europeo, como es el caso del subsidio, la importancia de no cumplir se multiplica por cinco, tal como han señalado en la consultora. Esto resulta en un cálculo de que España dejaría de recibir más de 700 millones de euros, aunque la cifra podría ser mayor en función de cómo estime Bruselas la gravedad del incumplimiento.

En todo caso, los expertos de la consultora señalan que la Comisión ha demostrado flexibilidad en ciertos casos que no se ha llevado a cabo lo acordado. Por ejemplo, con Italia, al que se dio unos meses más para cumplir unos hitos y evitar el recorte; también con España, aunque le valió un tirón de orejas del Tribunal de Cuentas a la Comisión, por dar el visto bueno al sistema de información y control de los fondos (Coffee) en el primer desembolso cuando aún no estaba funcionando.

Esa posibilidad de lograr más tiempo para sacar adelante la reforma del subsidio por desempleo es con la que jugará el Gobierno para evitar una disminución de los fondos, aunque es cierto también que el calendario juega en contra del Ejecutivo teniendo en cuenta que no está claro cuándo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, podría llevar la medida por segunda vez a Consejo de Ministros. La primera reunión de Díaz con sindicatos para abordarlo tendrá lugar la semana que viene.

En su informe, LLYC desgrana los datos de cómo está yendo el despliegue de los fondos europeos en nuestro país. A nivel de recursos comprometidos se está cumpliendo lo previsto, pero a partir de ahí las noticias no son tan positivas. «Transcurridos los tres primeros ejercicios anuales de ejecución, el Gobierno español se ha acercado mucho al objetivo inicial de comprometer la práctica totalidad de las subvenciones otorgadas por la Unión Europea en este periodo. Según datos del Observatorio NextGen de LLYC, a pesar de la ralentización observada en 2023, a 31 de diciembre el Gobierno había comprometido 66.296 millones de los 70.346 millones de euros originales (un 94,28%). De esa cantidad, 42.108 millones de euros para ejecución por la Administración General del Estado y 24.188 millones de euros para ejecución por las comunidades autónomas (CC.AA.)», señala el documento.

El asunto más espinoso en nuestro país sigue estando en la ejecución de los recursos comunitarios. «El nivel de ejecución de los fondos comprometidos presenta un balance mixto. En total, la adjudicación que resulta en la llegada de los fondos a beneficiarios concretos para inversiones concretas que en su gran mayoría deben finalizar en agosto de 2026, se situaría en torno al 46% de la dotación original (de las ayudas a fondo perdido)», recoge. Es por ello que LLYC añade que «en los próximos dos años y medio España deberá hacer un enorme esfuerzo de ejecución para lograr adjudicar el 55% restante del plan original y los fondos adicionales de la adenda (10.300 millones en forma de subvención y 83.200 millones en forma de préstamos).

Entrando más al detalle, a nivel estatal, el Gobierno, de los 38.336 millones de euros comprometidos, ha resuelto convocatorias y licitaciones con una dotación de 30.552 millones (78,48% de lo comprometido) a 31 de diciembre de 2023, y se han adjudicado a beneficiarios finales 23.977 millones (un 34%). En la diferencia de esas cifras entre convocatorias resueltas y adjudicación a beneficiarios está uno de los principales problemas.

«Nuestro análisis señala una acumulación significativa de remanentes en la ejecución (fondos no adjudicados en convocatorias resueltas), que llegaría a 6.575 millones de euros sólo a nivel de la Administración del Estado. Si extrapolamos el nivel de eficacia en la adjudicación de la AGE a los fondos transferidos a las CC.AA. (aunque todo indica que será menor), podemos estimar unos 5.205 millones de euros en remanentes autonómicos», señala el informe. Esto serían 11.780 millones de euros en remanentes, es decir, convocatorias que se pusieron en marcha y no han encontrado beneficiarios, bien porque no se haya presentado nadie por falta de demanda o porque se hayan rechazado las solicitudes.

En total, estos remanentes equivalen a un 16,7% del total de la subvenciones a fondo perdido que da la UE. «Este dato podría aumentar hasta un 20% de los fondos originales a medida que avanza la resolución de 7.784 millones de dotación ya convocados y los 4.020 millones de euros pendientes de comprometer si no se introducen medidas para aumentar el éxito y la agilidad de las convocatorias», añade LLYC.

¿Y qué se hace con ese dinero para el que no hay destino? Según han explicado los expertos de la consultora, el dinero está asignado a programas o proyectos concretos. Si no se terminan por adjudicar en una primera convocatoria, pueden seguir intentándolo con más convocatorias (como pasó con el Perte del vehículo eléctrico) o tratando de reorientar los fondos a otras partidas relacionadas, lo cual sí permite Bruselas; lo que no avala la Comisión, y también se opone el Ministerio de Hacienda, es cambiar el destino de los fondos entre partidas que no tengan nada que ver.

Más allá de ello, los expertos ahondan en una queja recurrente desde el inicio del despliegue del plan de recuperación: la falta de transparencia. LLYC explica que los únicos datos que conocen con cierta exactitud son los de la Administración del Estado y que la falta de información está en la ejecución de las comunidades autónomas, por diversos motivos. Desde las consultoras y el mundo académico han venido reiterando al Ejecutivo que ese 'apagón' que hay en los datos autonómicos dificulta mucho realizar una evaluación completa de cómo van los fondos europeos en España.

«A nivel de las CC.AA., debemos atenernos a estimaciones o a datos indicados por el Gobierno, ya que lamentablemente siguen faltando datos de adjudicación sistematizados (por componentes y programas) y actualizados (por situación de convocatoria y resolución)», inciden en el informe.

Asimismo, el documento pone el acento en que, por tipo de beneficiario, «al sector público se han destinado más fondos (un 45,07% del total de los fondos comprometidos) que al privado (un 40,13%, el resto se ha asignado a entidades mixtas)». Esta es una realidad que se da también en otros países de nuestro entorno como Francia o Italia, no así en Alemania.

En el caso español, como hizo público el Gobierno, los principales receptores de fondos son entidades públicas. Un total de 60 de los 100 mayores perceptores son entidades públicas, y solo 40 son privadas. Adif ha recibido 2.555 millones de euros (sumando sus dos NIF), y se coloca como el principal perceptor de recursos comunitarios en España en los dos primeros puestos. El top 3 lo completa el Ministerio de Transportes con 307,8 millones de euros.