El Gobierno eliminará desde el 1 de enero el tipo mínimo de IVA que ha abaratado durante meses los recibos de la luz y el gas a los hogares

La subida de la carga fiscal de la factura energética no se quedará ahí. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en su tradicional comparecencia de fin de año que el tipo de IVA sobre la factura del gas volverá al 21% que tenía hasta hace un año cuando finalice el invierno, el próximo mes de marzo. El IVA de la luz llevaba en el 5% desde el 1 de julio de 2022 y se redujo del 21% al 10% de julio de 2021.

El impacto concreto sobre cada hogar dependerá lógicamente de la cuantía de su recibo de la luz, pero el coste medio de la subida de tipo del 5% al 10% será de unos cinco euros.

A partir del 1 de enero otro de los impuestos que afecta al recibo, aunque de forma más indirecta, el impuesto especial sobre la electricidad dejará de pagarse por el tipo mínimo que prevé la ley, el 0,5%, y subirá hasta el 2,5% en el primer semestre y al 3,8% ya en el segundo semestre, aún por debajo del 5,113% que era su tipo ordinario antes de la escalada de los precios energéticos.

El Gobierno también reimplantará a partir del 1 de enero el Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica, un gravamen que pagan los productores y comercializadores de energía pero que influye en el recibo de forma indirecta como cualquier otro coste regulatorio. El presidente del Gobierno no dio detalles en su comparecencia sobre el tipo fiscal que se pagará a partir de ahora, pero fuentes del Gobierno señalaban este miércoles que no se recuperará el tipo del 7% sino que se establecerá uno más bajo.

En los últimos tres años, el Estado ha renunciado a una cuantía anual de 9.000 millones de ingresos fiscales para tratar de abaratar el coste de la energía a familias y empresas. Esa es la razón principal por la que la Comisión Europea o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han aconsejado al Gobierno retirar estas medidas toda vez que en 2024 se reimplantarán las reglas fiscales europeas, con un nuevo marco que obliga a España a bajar su actual desequilibrio fiscal (de alrededor del 4% del PIB) hasta el 3% del PIB, un esfuerzo de unos 15.000 millones.

De hecho, el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas descontaba la derogación de todas las medidas aprobadas contra la inflación como premisa necesaria para alcanzar ese objetivo. La prórroga, aunque sea parcial, pone en cuestión la capacidad del Gobierno de alcanzar ese objetivo, ya que durante los próximos meses esas medidas fiscales continuará restando recursos a las arcas públicas. Una aproximación a partir de los datos publicados por la Agencia Tributaria indica que la pérdida de recaudación por el mantenimiento de estos incentivos fiscales rondará los 3.000 millones, dos décimas de PIB. En otras palabas que el Gobierno recuperará dos terceras partes de los ingresos perdidos.

El difícil equilibrio entre satisfacer las urgencias de Bruselas con la reducción del déficit fiscal de España y las de sus socios respecto a mantener el escudo social emborronó la claridad del mensaje gubernamental sobre lo aprobado este miércoles. Mientras Pedro Sánchez dijo en su comparecencia de prensa que «hemos decidido retirar las ayudas fiscales a la luz y el gas ante la caída paulatina que han venido experimentando los precios de la energía», las notas circuladas desde La Moncloa aseguraban que «se mantienen las rebajas fiscales del IVA de las electricidad».

Visto desde la dimensión fiscal, el deterioro de los recursos previstos inicialmente por el Estado no vendrá solo del mantenimiento parcial de la rebajas fiscales a la energía. El gravamen transitorio sobre las empresas energéticas aportará en 2024 menos recursos de los que generó en 2023. Pese a la oposición de Sumar, el área económica del Gobierno ha impuesto su criterio y el gravamen se verá modificado de modo que las energéticas podrán desgravarse las inversiones industriales que realicen y también en materia de descarbonización. Ha pesado en el ánimo del Gobierno la firme posición del PNV en este punto y también los mensajes llegados desde las empresas en orden a reorientar sus inversiones hacia otros territorios en caso de que no se garantizara un entorno fiscal estable y competitivo.

El PP, que este martes había lamentado su exclusión de la ronda de contactos del Gobierno para prorrogar las medidas de apoyo a hogares y empresas contra la inflación, ha avanzado que no respaldará este decreto al no incluir la extensión de la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y las conservas, y al revertir el IVA del 5% sobre los recibos del gas y la electricidad. En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Gobierno de recaudar cada vez más al tiempo que recorta las ayudas a los hogares más vulnerables.