El Gobierno desviará otros 3.000 millones de euros de impuestos para el pago de pensiones

Sin embargo, el gabinete de José Luis Escrivá, el anterior ministro de Seguridad Social, dejó ciertos resortes previstos para poder ser activados ante eventuales necesidades del sistema. Es decir, si las previsiones de que el saldo presupuestario de la Seguridad Social que el Gobierno prevé sanear en los próximos años no se cumplen y es necesario adoptar una nueva estrategia para equilibrar las cuentas. El mayor exponente de estos resortes está en el renacido mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que en su segunda versión aprobada en marzo de 2023 prevé mayores esfuerzos de cotización a los trabajadores -irá creciendo hasta suponer un 1,2% de la nómina en 2029- y durante más tiempo ya que se aplicará previsiblemente hasta 2050.

Aunque desde la Airef y el Banco de España ya han advertido al Ejecutivo de que ese mecanismo se deberá activar en la primera evaluación de las medidas que realicen tanto la Autoridad Fiscal como la OCDE en 2025, y que previsiblemente conminará al Ejecutivo a introducir un ajuste de 12.000 millones de euros ya sea por la vía del gasto o por la vía de ingresos -denominado como cláusula de cierre del MEI-, desde el Gobierno asumen que el mix de ingresos de la Seguridad Social precisará, de forma permanente, de financiación procedente del Presupuesto General del Estado, es decir, de los impuestos.

Este remanente que recibe el presupuesto de la Seguridad Social procedente de la recaudación tributaria aparece reflejado en el testigo de las cuentas del sistema como transferencias finalistas o como transferencias destinadas a la cobertura de los gastos impropios de la Seguridad Social. Fuentes del Ejecutivo consultadas por ABC admiten sobre esta canalización de dinero al sistema de pensiones que continuará realizándose en los próximos años e incluso señalan que «crecerá para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo», la que se refiere a la separación de fuentes de financiación y cobertura de esos gastos denominados impropios al no tener un carácter contributivo, que en pureza el sentido jurídico del sistema de protección de la Seguridad Social por el que se accede a las diferentes prestaciones en función de las aportaciones realizadas en forma de cotizaciones.

En este punto, cabe subrayar que las cifras que se manejan no son desdeñables. El presupuesto de la Seguridad Social habrá recibido a finales del presente ejercicio un total de 38.916 millones de euros de aportaciones del Estado entre los 19.028 millones de aportaciones finalistas (se realizan principalmente para dar cobertura a las pagas extra de los pensionistas que se abonan en los meses de junio y noviembre) y los 19.888 millones que se traspasan para la financiación de los denominados como gastos impropios de la Seguridad Social. Es precisamente esta partida la que desde el Ejecutivo señalan que irá creciendo en las próximas aprobaciones de los Presupuestos Generales hasta completar el equivalente a la cuantía total de los gastos ajenos al sistema, que el Gobierno tasa para esta año en 23.000 millones de euros.

Además, esta maniobra de trasvase presupuestario está recogida como uno de los puntos del componente 30 del Plan de Recuperación, cuyo cumplimiento está permitiendo la llegada ya de 37.000 millones de euros de fondos europeos, por lo que el compromiso del Ejecutivo es incrementar el volumen total de las aportaciones del estado en al menos esos 3.000 millones de euros que restan para sufragar la totalidad de estos gastos. En total, una vez que el Gobierno complete la operación, la transferencia anual se situará en el entorno de los 42.000 millones de euros, equivalente a 2,8 puntos del PIB.

Entre esto desembolsos de naturaleza impropia, los que más presupuesto consumirán en este año, según refleja la ejecución presupuestaria del sistema, son los relativos a complementos de prestaciones contributivas sujetos a límite de ingresos que precisarán de un aporte de 3.761 millones de euros. Siguen a esta rúbrica los 3.117 millones que se destinarán a prestaciones por nacimiento y cuidado de menor contributivas, los 2.203 millones para cubrir el coste de la pensión anticipada involuntaria en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación, los 1.812 millones para financiar reducciones en la cotización a la Seguridad Social y 1.162 millones para subvenciones implícitas al régimen del mar, el sistema especial agrario y los contratos de formación, a los que se suman costes de menor cuantía y el apéndice de «otros conceptos» para lo que se destina la mayor cuantía, 5.559 millones de euros.

En este sentido, la certeza sobre esta desviación de financiación de un presupuesto a otro -lo que no tiene impacto en términos de desequilibrio presupuestario total que vigila cada vez con más denuedo la Comisión Europea- es que llegó para quedarse y será una parte fundamental del mix de ingresos del sistema. De hecho, los dirigentes de la Seguridad Social ya han puesto en marcha este modelo de aportación finalista para el pago de pensiones con la introducción del mencionado mecanismo de equidad intergeneracional, que proveerá en 2024 unos 3.200 millones de euros al Fondo de Reserva procedente de la cuota que ascenderá al 0,7% de la nómina, pero que sin embargo no tiene un carácter contributivo, es decir, no genera derechos para el contribuyente en materia de prestaciones sociales y de jubilación.