El Gobierno delega en las empresas del sector el control de los precios de los alimentos

Esa fue su respuesta a la escalada imparable del precio de los alimentos, que según los datos publicados el pasado viernes por el INE ha registrado una subida del 15,9% en el último año, lo que supone su mayor incremento desde enero de 1994. Este ha afectado además, según Caixabank Research, al 78% de la cesta de alimentos y bebidas de referencia que recoge el INE para elaborar el IPC, que se ha encarecido más del 10%. Una proporción que no deja de crecer desde febrero de 2021, cuando solo el 8% de la cesta estaba afectada. Además un tercio de la cesta de alimentos y bebidas registró inflaciones superiores al 20% (dos puntos más que el mes anterior).

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Un auténtico Angliru que deben escalar en las próximas semanas la vicepresidenta económica y el ministro de Agricultura, con la ayuda de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para todo esto, coordinados por Economía, mantuvieron una reunión el pasado lunes representantes de este ministerio, así como de la CNMC y de Agricultura. Fuentes de este último departamento explicaron que una parte importante del análisis de los precios y la comprobación de que se estaba aplicando el nuevo IVA descansaría sobre el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Un órgano en el que están representados los ministerios de Agricultura e Industria, así como diferentes actores como las organizaciones agrarias más representantivas (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias), la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (CNFP), la industria agroalimentaria a través de la patronal FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas), la distribución (Anged, Asedas, Cedecarne, Fedepesca...) y diferentes organizaciones de consumidores.

En un acto celebrado esta pasada semana, Planas anunció su intención de reunir este órgano para evaluar la situación entre finales de enero y mediados de febrero una vez se conozcan los datos de IPC de enero. El ministro se mostró optimista al respecto y esperó que la rebaja fiscal tenga ya impacto en enero, con un IPC que «debería ser inferior». «Nuestra primera impresión es positiva -resumió-, lo que no esta exento de incidentes y casos en los que pueda haber errores en la aplicación o retrasos».

¿Podrá el Gobierno detectar esos incidentes? Fuentes del sector conocedoras de la dinámica del observatorio apuntan a ABC que carece de capacidad sancionadora y de inspectores. La dinámica habitual es que se reúne dos veces al año, tradicionalmente en enero/febrero y entre junio y julio. Son citas de carácter técnico en las que los representantes de la cadena alimentaria «hacen un seguimiento de los precios en origen hasta los finales» a partir de la información aportada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un organismo reforzado en la última reforma de la ley de la cadena alimentaria aprobada a finales de 2021 para garantizar, entre otras disposiciones, que agricultores y ganaderos no vendan sus productos por debajo de coste.

Esta agencia sí tiene poder sancionador sobre los diferentes actores del mercado, además de capacidad para realizar controles de oficio o recoger denuncias de productores, industria y distribución. Según el informe de actividad del primer semestre de 2022 (el más reciente), la AICA realizó 354 inspecciones de oficio sobre diferentes relaciones comerciales entre proveedores y clientes.

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, tras la reunión tripartita se acordó que se fiscalizaría el traslado de la rebaja fiscal a los precios de venta a través de los trabajos de este observatorio, de los datos desagregados del IPC, que sigue la evolución mensual de los precios de 60 alimentos, y de «los derivados de la vigilancia de mercados de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)», que no dispone, que se conozca, de ninguna herramienta o indicador específico para ello, pero que tiene encomendada la tarea de vigilancia de la competencia en este sector.

Fuentes de Competencia aclaran que el principal trabajo de campo se hará desde el Observatorio de la Cadena Alimentaria y que el papel de la CNMC en este dispositivo será el de colaborar con el observatorio y con el Ministerio de Asuntos Económicos, «compartiendo conocimiento y herramientas para actuar en su caso cada uno en el ámbito de sus competencias».

El trabajo del observatorio deberá ser muy fino si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos los descuentos a aplicar se cuentan por unos pocos céntimos -el impacto medio mensual en la factura de la compra de una familia rondará los cinco euros- y que hay multitud de factores que influyen en los precios de venta, desde los costes en origen a la estrategia comercial.

Otro elemento a tener en cuenta afecta al IPC, otra de las referencias que el Gobierno tendrá en cuenta. Desde 2019 el INE utiliza los precios proporcionados por grandes cadenas de hipermercados para afinar la medición de la evolución de los precios de los alimentos. Una de las fuentes de información que el Gobierno va a utilizar viene determinada por los precios que comunican las propias empresas.