El Gobierno compromete con Bruselas un ajuste fiscal de 25.000 millones en los dos próximos años

Bruno Pérez

Madrid

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27/04/2023
Actualizado a las 13:47h.

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El Gobierno está decidido a reducir el desequilibrio de las cuentas públicas hasta el límite máximo que permite la Comisión Europea, el 3% del PIB, antes de que entren en vigor las nuevas reglas fiscales, cuyas líneas maestras fueron presentadas este miércoles por el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. Y está decidido también a que el ajuste extra que haya que hacer para alcanzar ese objetivo lo haga ya el nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo mes de diciembre, ya que trasladará la parte más relevante del ajuste presupuestario necesario para no entrar en las nuevas reglas fiscales como un país incumplidor al año 2024.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado este jueves en los pasillos del Congreso que la actualización del programa de estabilidad que el Gobierno remitirá a Bruselas en las próximas horas preverá una reducción del déficit público desde el 4,8% del PIB en que cerró 2022 hasta el 3% en 2024. La nueva senda implica un ajuste presupuestario extra de más de 4.000 millones de euros respecto al escenario con el que el Gobierno se estaba manejando en estos momentos, que preveía cerrar el año 2024 con una desequilibrio del 3,3% del PIB en las cuentas públicas para ya en 2025 rebajar ese déficit por debajo del umbral del 3%.

La nueva hoja de ruta que el Gobierno remitirá a Bruselas adelantará en un año la consecución de ese objetivo de consolidación fiscal, en el que el Reino de España se juega nada menos que entrar o no en el nuevo marco fiscal definido por la Comisión Europea como uno de los países incumplidores y uno de los que tendría que aplicar un plan de reajuste.

A la espera de conocer el detalle de la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España, en la que el Gobierno deberá dar alguna pista de cómo pretende abordar este ajuste extra, la ministra Montero ha avanzado este jueves que esa reducción del déficit se hará "sin aplicar recortes". "La reducción del déficit se produce por el sólido crecimiento económico de España, superior a la media de los países de la UE, y al dinamismo de la creación de empleo, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social", ha razonado la ministra.

Su argumentario, ya conocido, no convence a los analistas. Bajo esas mismas premisas de no introducción de ninguna medida adicional de ajuste presupuestario, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo que tiene encomendada la misión de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas, estima que el déficit cerraría el año 2023 en el 4,2% y tocaría un suelo del 3,2% en 2025 para luego volver a subir; el Banco de España avanzó en su última actualización de previsiones (en que mejoró el crecimiento previsto para este año) que el déficit cerraría en el 4,1% este año y en el 3,7% en 2024; y el consenso de los analistas del panel de Funcas, que aglutina las opiniones de una veintena de institutos de análisis económico, apunta a un 4,2% este año y un 3,7% en 2024.

La mayoría de estas previsiones descuentan, no obstante, que en un año electoral el Gobierno acabará manteniendo una parte de las medidas de ayuda directa y rebaja fiscal aprobadas para luchar contra la inflación, lo que añadirá un coste presupuestario extra sin el cual el objetivo del 3,9% para 2023 tal vez fuera factible.

Montero ha dicho este jueves que la actualización de la senda fiscal "demuestra que la sostenibilidad de las cuentas públicas es compatible con desplegar un escudo social de 35.000 millones de euros -esta cuenta incluye el gasto realizado desde que se empezaron a aplicar medidas a mediados de 2021- para mitigar el impacto del alza de los precios".