El Gobierno baraja usar el impuesto a la banca para asegurarse el apoyo de las entidades a los objetivos de su política económica

El ministro no ha ido más allá en la explicación porque como ha subrayado hay una restricción inicial fundamental como es la negociación parlamentaria necesaria para garantizar una mayoría suficiente para cumplir el objetivo de convertir la controvertida figura tributaria en permanente. Sin embargo, sí ha dejado claro que las intenciones del Gobierno en caso de que prospere la iniciativa para convertir ese gravamen transitorio en un impuesto permanente van más por la línea de condicionar la política de las entidades y garantizar su apoyo a determinados objetivos de política económica que por la de utilizarlo para apuntalar su capitalización, como ha hecho Italia, propone el Banco de España y respaldó hace apenas unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cuerpo se alinea así con la posición del Ministerio de Hacienda. La vicepresidenta primera y ministra del ramo, María Jesús Montero, ya dijo hace unos días que el objetivo de la política fiscal del Gobierno no es garantizar la capitalización de las entidades financieras sino conseguir recursos fiscales para financiar la política económica, y es en esa línea en la que el Ejecutivo parece querer enfocar la previsible reforma del impuesto sobre los bancos.

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Bruno Pérez

El ministro de Economía ha defendido el acierto de los polémicos gravámenes temporales instaurados a finales de 2022, actualmente recurridos ante los tribunales por los sectores afectados, que se crearon con el objetivo de capturar parte de los beneficios extraordinarios que a juicio del Ejecutivo estaban obteniendo energéticas y sector financiero por la escalada de los precios de la energía y el contexto de los tipos de interés, pero que en realidad gravan la cifra de negocio de las empresas de mayor tamaño de esos sectores. Entiende que han generado unos ingresos que han permitido al Estado adoptar medidas para amortiguar el impacto del episodio inflacionista sobre los más vulnerables y sin afectar ni a la favorable posición financiera de las empresas ni, singularmente, a la solvencia del sector bancario.

Cuerpo, que ha inoculado un punto de suavidad en su discurso hacia las empresas respecto a su predecesora, Nadia Calviño, ha querido subrayar el papel del sector financiero en la recuperación de la economía española tras la pandemia y ha señalado que ha pasado de constituir una debilidad que magnificó los efectos de la crisis financiera "a un ancla en la recuperación por su saneada situación financiera y por su aportación en iniciativas e inclusión financiera o garantizando la efectividad de las medidas de apoyo del Gobierno, como con la distribución de las líneas ICO".

En la configuración a la que aspira el Gobierno el futuro impuesto a la banca sería un instrumento más para impulsar la inversión privada, uno de los déficit que el ministro de Economía ha reconocido que el Gobierno tendrá que afrontar en los próximos meses. Cuerpo ha avanzado que una de las líneas de actuación del Gobierno en los próximos meses será adoptar las medidas necesarias y los incentivos adecuados para facilitar un repunte de la inversión privada, que asoma en los datos macro y en las previsiones de los analistas como uno de los principales elementos de preocupación.

El ministro de Economía, que ha sido presentado por el ex ministro de Felipe González, Carlos Solchaga, que lo ha calificado como el ministro de Economía mejor preparado de la historia de la democracia, ha comenzado a perfilar este lunes su agenda política para los próximos años tras varias semanas con un relato muy similar al de Nadia Calviño.

Ha señalado tres prioridades básicas: el mercado laboral, la educación y la vivienda, de la que ha dicho que puede convertirse en uno de los principales cuellos de botella para el crecimiento. Respecto a la situación del mercado de trabajo ha asegurado que el debate sobre la reducción de jornada es "insoslayable", pero también ha advertido que debe hacerse a través del diálogo social "para aprovechar la máximo las ventajas que ofrece y minimizar los potenciales efectos negativos". Según el FMI los hay y pueden traducirse nada menos que en una reducción de los salarios y un desplome de la ya decaída productividad española.