El Gobierno arranca dos meses extra a Bruselas para esquivar un recorte del cuarto desembolso de los fondos europeos

La Comisión Europea y el Gobierno de España han aprovechado la visita del comisario europeo de Asuntos Económicos y de otras autoridades comunitarias con motivo de la evaluación anual del Plan de Recuperación español para anunciar un acuerdo por el que se prolongará dos meses más el plazo establecido para completar ese análisis. Un tiempo extra fundamental para el Gobierno de España que aún tiene pendiente el cumplimiento de algunos compromisos, entre los cuales el más relevante es la reforma del subsidio por desempleo, tumbado contra pronóstico por Podemos en el Congreso, y que se juega un potencial recorte parcial en ese pago por el incumplimiento de una serie de hitos.

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El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha querido normalizar esta maniobra, que ya se ha ejecutado en otros países y que ha calificado como «habitual». El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo calificó de ajustes técnicos y lo ejemplificó con uno de los hitos que se van a reajustar relacionado con inversiones en materia de transporte y que según el ministro se iban a evaluar por contratos formalizados y que ahora se van a evaluar por euros adjudicados porque se entiende que es más fácil de medir. Y ese es el único ejemplo que se conoce porque el ministro de Economía no dio más detalle y la Comisión Europea ha admitido que no conoce a qué hitos afecta porque todavía no han recibido el listado que plantea el Gobierno español.

En la jornada anual sobre el desarrollo del Mecanismo de Recuperación en España celebrada durante la mañana la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, ya puso de manifiesto la existencia de un cierto 'feeling' en la Comisión Europea sobre que el sistema de evaluación de los hitos y objetivos era bastante farragoso y requiere de una cierta simplificación y flexibilidad. La Comisión da por hecho que estos reajustes van a ser cada vez más habituales porque la medición es cada vez más complicada y porque una de las lecciones aprendidas de la primera fase del Plan de Recuperación es que agilizar la evaluación es básico para agilizar la absorción de los fondos europeos. En palabras de Gentiloni, «vamos a ser todo lo flexibles que sea necesario dentro de lo que garantiza la regulación europea».

Más allá de este debate de fondo, el asunto es que en el caso español hay un elemento adicional muy relevante. España comprometió con la Comisión Europea una reforma de los subsidios por desempleo que presentó y tramitó in extremis para llegar a tiempo de solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos, pero que Podemos tumbó contra todo pronóstico en el Congreso volando por los aires la posibilidad de recibir los 10.021 millones de euros previstos en tiempo y forma.

La prórroga pactada con Bruselas proporciona dos meses al Gobierno para tratar de sacar adelante esta reforma, que es crítica porque la Comisión Europea viene incluyéndola en sus recomendaciones a España desde hace años y es una de las reformas imprescindibles que se exigen dentro del Plan de Recuperación. Y la Comisión ha dejado claro que si esta reforma no se cumple antes del 20 de mayo al Gobierno solo le quedará o posponer el pago del cuarto desembolso, a la espera de sacar la reforma adelante, o bien aceptar un pago parcial de ese desembolso.

Ese es el riesgo que el Gobierno quiere evitar y por donde ya han pasado Portugal, Rumanía o Lituania. La Comisión ha aclarado que esto no significa perder los fondos sino que retrasa su cobro. No para siempre, pero el sistema ideado por Bruselas todas las facilidades para que los países puedan recibir ese dinero. Si el 20 de mayo, el Gobierno no hubiera logrado sacar adelante esa reforma, se activará un plazo de seis meses en el que podrá sustanciar la reforma pendiente y si pasado ese plazo aún no lo hubiera logrado, aún tendrá un ventana de un mes más para aprobarla.

El planteamiento de la Comisión en este sentido es claro. En todo lo que se trate de agilizar los procesos o facilitar la evaluación del cumplimiento de hitos y objetivos, las autoridades europeas van a ser flexibles; lo que no van a permitir que se cambien los compromisos de fondo adquiridos por los países. Si un hito no se cumple existe una metodología para medir el coste en euros de ese hito en el desembolso previsto.