El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 199.120 millones y confirma el objetivo de déficit del 3% en 2024

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al techo de gasto de cara a preparar los Presupuestos de 2024; este se trata de un paso previo para poder formular las cuentas del siguiente ejercicio, que ya tendrán que aprobarse entrado el año que viene. El llamado límite de gasto no financiero será de 199.120 millones, una cifra récord por la mínima al suponer un incremento del 0,5% respecto al anterior. Este dato incluye los fondos europeos, y excluyendo los recursos comunitarios queda en 189.215 millones, un 9,3% más. Asimismo, el Gobierno ha aprobado también el plan de reequilibrio.

Este techo de gasto supone el cuarto consecutivo en que se marca récord. En 2021 fue de 196.097 millones; en 2022, de 196.142 millones; y en 2023, de 198.221 millones. Ahora se rebasa de nuevo esta última cifra, aunque todavía queda por debajo de los 200.000 millones de euros.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado el objetivo de bajar el déficit al 3% sobre el PIB, en línea con el pacto de estabilidad, en previsión también de que los países europeos podrían no alcanzar un acuerdo definitivo para las nuevas reglas fiscales. Así las cosas, ha señalado que será la Administración del Estado la que tenga que reducir más su déficit. Montero ha destacado su confianza en que el crecimiento económico y el empleo sean los motores para poder reducir el déficit. Para 2025 proyectan un déficit del 2,7% y del 2,5% en 2026.

También el Gobierno ha comunicado la senda de descenso de la deuda pública, que continúa mucho más elevada que antes de la pandemia. De hecho, en el horizonte hasta 2026 todavía seguirá por encima del 100%. «En 2024 continuará esa reducción hasta el 106,3% del PIB en 2024, el 105,4% en 2025 y el 104,4% en 2026», ha señalado Hacienda.

Pese a ese reto de bajar el desequilibrio de las cuentas públicas al límite que había antes de la pandemia, el Ejecutivo también ha señalado que tienen margen fiscal para poder prorrogar algunas de las ayudas públicas implantadas en los últimos trimestres; no ha citado ninguna en concreto, pero sí ha hecho referencia a aquellas vinculadas al control y bajada de los precios.

En este sentido, España tiene en vigor, entre otros asuntos, la reducción del IVA para ciertos alimentos, la bajada del IVA a la electricidad y gas, y las ayudas al transporte. Tres medidas que están llamadas a decaer este fin de año y que todavía no hay certeza sobre si se van a prorrogar para el ejercicio que viene. Montero, así, ha hablado de que tienen «holgura» para mantener algunas de las medidas fiscales. «Cada cosa a su tiempo. Cuanto más cerca estemos del fin de diciembre y podamos ver con mayor claridad cómo se comportará la recaudación, tendremos capacidad para apurarlo más. Pero no hemos agotado la totalidad en el techo de gasto según el plan presupuestario comprometido con Bruselas», ha indicado la titular de Hacienda.

Montero ha desvelado, además, que antes de terminar 2023 se solicitará el cuarto desembolso de los fondos europeos, que asciende a 10.000 millones de euros. El Ejecutivo había retrasado varios trimestres esta solicitud ya que no tenía cumplidos todos los compromisos necesarios para poder acceder a estos fondos, en buena parte porque la convocatoria de elecciones hizo caer ciertas medidas.

En la adenda al plan de recuperación pactada y aprobada por Bruselas después del verano se acordó modificar algunos de los compromisos, retrasando su cumplimiento, para dejar la solicitud del cuarto tramo para el segundo semestre de 2023. Antes del 31 de diciembre dice el Gobierno que habrán hecho la solicitud y ahí será cuando la Comisión Europea evalúe la segunda pata de la reforma de las pensiones. Más allá de ello, Montero ha confirmado que los préstamos de la adenda, al ser gasto financiero, no computan dentro del techo de gasto.

La ministra de Hacienda ha hablado también sobre el replanteamiento que prepara el Gobierno para el impuesto a las energéticas. La vicepresidenta Teresa Ribera fue la primera en deslizarlo, después lo confirmó el presidente Sánchez y ahora asume Montero ese mismo discurso.

La vicepresidenta cuarta ha destacado que los impuestos a las energéticas y la banca se diseñaron de manera temporal, pero que en el acuerdo con Sumar se incluyó que se convirtieran en permanentes. De esta manera, Montero ha indicado que en cuanto al gravamen energético se requerirán «algunos ajustes».

Esos ajustes, según ha dicho, son para hacer un guiño al sector. «Queremos mandar un mensaje al sector energético para que continúe los proyectos de inversión o para que empiecen los proyectos que permitan acelerar el ritmo de transformación de nuestras fuentes energéticas y sean más sostenibles y eficaces en la lucha contra el cambio climático», ha comentado.

No es casual que se refiera a rediseñar el impuesto como una concesión al sector energético. Empresas como Repsol habían amenazado con llevarse inversiones a Portugal o Francia si no había estabilidad y seguridad jurídica en España, mientras que otras como Iberdrola ya estaban poniendo el ojo en otras jurisdicciones como Reino Unido.

Esa presión ha forzado al Ejecutivo a este giro en el mensaje, a la espera de ver en qué se concreta, para intentar que nadie se lleve fuera las inversiones. Pero no solo ha sido esto, sino que también un socio prioritario como el PNV, muy bien relacionado con el sector, había tildado de «mercancía averiada» el actual gravamen.