El Gobierno apela a «la españolidad» para volver al capital de Telefónica 24 años después de su privatización

Según fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial -el medio que publicó este lunes la información-, una de las operaciones en las que está trabajando el Ejecutivo en funciones es la toma de una participación próxima al 5% liderada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en coordinación con inversores nacionales. El brazo industrial del Estado español volvería así, de alguna forma, al capital de la operadora de telecomunicaciones, de la que dejó de ser accionista en febrero de 1997, cuando el Gobierno de José María Aznar vendió el 20% del capital por 3.720 millones. El precio de venta de los títulos de aquella privatización fue de 19,78 euros. Ahora, la compra de ese 5% ascendería a unos 1.000 millones, según la actual cotización de Telefónica a 3,61 euros la acción.

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La magnitud de la operación implicaría una inversión de unos 1.000 millones de euros, lo que hace difícil que el hólding propiedad del Estado la afronte en solitario. Fuentes empresariales al tanto de los movimientos aseguran que la prioridad del Gobierno es configurar un núcleo duro de inversores españoles para lo que estaría llamando a varias puertas, más allá de los grandes accionistas que ya están en la compañía: Caixabank (con un 3,5%) y BBVA (con un 4,87%).

Según estas mismas fuentes, esta operación discurre en paralelo a la conformación de la posición del Gobierno respecto a la entrada de STC en la compañía, que el Ejecutivo aspira a sustanciar permitiendo la entrada del operador saudí bajo la condición de limitar el uso de derechos políticos en el consejo de administración o, en otras palabras, tratando de que acepte tener solo un consejero y no dos.

Expertos consultados por ABC, conocedores de los intereses saudíes en la operadora, explican que STC valora renunciar a convertir el 5% que adquirió en derivados en acciones, como había previsto, y quedarse solo con el 4,99% que ya controla y que sí tendría el beneplácito del Gobierno.

Otras fuentes consultadas por este diario recuerdan que el Gobierno está en búsqueda activa de socios afines para acompañarle en su regreso a controlar la operadora española desde el mismo momento en el que la compañía de telecomunicaciones anunciara el 5 de septiembre de 2023 la compra del 9,9% de las acciones de Telefónica por 2.100 millones de euros.

En el día de ayer, y pese a la agitación que creó en el mercado la posibilidad de una entrada del Gobierno en el capital de Telefónica, cuyas acciones acabaron subiendo un 1,15%, ni Telefónica ni la SEPI hicieron manifestación alguna sobre el asunto, y tampoco la CNMV solicitó información adicional sobre la operación. El Ministerio de Asuntos Económicos eludió ayer confirmar o desmentir el interés del Gobierno por entrar en Telefónica. «Hay muchos rumores y especulaciones, pero el Gobierno no hace ninguna consideración en público puesto que es información sensible en bolsa», aseguraron fuentes oficiales.

Ante la posibilidad de que un Estado europeo pueda volver a formar parte del capital de una de sus grandes empresas, fuentes europeas aclaraban ayer que «la legislación europea no prohíbe la nacionalización de empresas». Sin embargo, señalaron que «un Estado miembro que nacionaliza una empresa privada debe actuar como un operador privado en una economía de mercado tanto en lo que se refiere al precio de compra como a la gestión de la empresa nacionalizada. De lo contrario, se aplicará las normas sobre ayudas estatales (artículos 107 y 108 del TFUE)». Es decir, podría hacerlo, siempre que se comporte como un inversor privado y asociarse con otros inversores sería una opción correcta.