El Gobierno recorta a última hora una reforma de los mercados de inversión impulsada por Calviño

El paquete legislativo impulsado desde el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño contaba con la luz verde de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y de la Comisión de Subsecretarios y hasta la tarde de ayer estaba previsto que fuera aprobado en su integridad en la reunión ministerial de este martes. Lo estaba pese a las dudas expresadas por la Abogacía del Estado respecto a que estuvieran suficientemente sustentados los principios de urgencia e interés general que la norma que regula el funcionamiento del gobierno exige para aprobar este tipo de desarrollos legislativos en un contexto de gobierno en funciones, y pese al criterio contrario del Consejo de Estado, cuyo dictamen, al que ha tenido acceso este diario, expresa su consideración de que se trata de una «actuación que por su entidad y alcance correspondería con mayor propiedad a un gobierno con plenos poderes».

El Gobierno decidió a última hora del lunes atender a las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado y retirar del texto de los cuatros reales decreto los contenidos que habían despertado más dudas en el órgano constitucional, según confirman a ABC fuentes del Gobierno, por no ajustarse a lo establecido en las directivas europeas e introducir cuestiones que a juicio del Consejo forman parte del ámbito de decisión discrecional de un gobierno...cuando no está en funciones. A lo largo del lunes, el Ejecutivo incluso barajó la posibilidad de retirar el paquete legislativo del índice de contenidos del Consejo de Ministros, pero finalmente optó por llevarlo a la reunión ministerial «en una versión reducida», según precisan fuentes del área económica del Gobierno.

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Las dudas manifestadas particularmente por el Consejo de Estado en relación al encaje legal de la aprobación de estos cuatro reales decretos por un gobierno en funciones han pesado en la decisión del Gobierno, que prevé aprobar los contenidos excluidos de los textos en el momento en que se produzca la investidura y haya un gobierno con plenos poderes.

Las prisas de Economía tienen su razón de ser. Los cuatro reales decretos impulsados desde el departamento de Nadia Calviño, el que desarrolla las potestades y facultades administrativas de la CNMV, el de instrumentos financieros, el de desarrollo del reglamento de instituciones de inversión colectiva y el del régimen jurídico de empresas de servicios de inversión, no solo desarrollan la Ley de los Mercados de Valores aprobada el pasado mes de marzo sino que sustancian la transposición de tres directivas europeas cuyos plazos límite de adaptación vencieron entre junio de 2021 y agosto de 2022, que han dado lugar a tres procedimientos de infracción contra el Reino de España y que según alerta el propio Ministerio «está previsto que pasen a la imposición de sanciones en noviembre de 2023».

La necesidad de esquivar la multa de Bruselas y el carácter «marcadamente técnico» que, según el juicio del Ministerio, tenían las disposiciones incluidas en estos reales decretos constituían la base argumental en la que se amparaba Economía en su intención de aprobarlos aún estando el gobierno en funciones.

El dictamen del Consejo de Estado concede que esta argumentación puede resultar válida para todos los aspectos de los reales decretos que trasladan a la normativa nacional aspectos estipulados en las directivas europeas pendientes de transposición, pero no para un puñado de medidas que no vienen de las directivas y que suponen medidas discrecionales adoptadas por el Gobierno, entre las que citaban la nueva obligación de que las empresas de asesoramiento financiero realicen aportaciones al Fondo de Garantía de Inversiones (la hucha que sirve para indemnizar a los inversores ante las posibles insolvencias de las sociedades de inversión).

«En realidad, las principales novedades del proyecto de Real Decreto no son el resultado de la transposición de las directivas europeas», asegura el dictamen, que recuerda que el informe de la Abogacía del Estado, aún avalando la posibilidad de sacar adelante los reales decretos instó al Gobierno a motivar mejor su encaje legal en la memoria de impacto normativo.

El dictamen del Consejo de Estado se refería únicamente a uno de los reales decretos tramitados por Economía, al del régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, pero deja claro que su juicio afecta a todo el paquete legislativo. «Poniendo en relación la presente consulta con los otros tres desarrollos reglamentarios sometidos a dictamen, es una actuación por su entidad y alcance correspondería con mayor propiedad a un Gobierno con plenos poderes», concluye.