El Gobierno admite que el 72% de ingresos extra en cotizaciones serán por las subidas de cuotas y no por una mejora del empleo

Gonzalo D. Velarde

Madrid

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17/10/2023
Actualizado 18/10/2023 a las 10:41h.

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El Gobierno admite que el enfriamiento de la economía apuntalará una desaceleración de la creación de empleo en 2024 y, por ende, también de los ingresos por cotizaciones sociales que recauda la Seguridad Social y que suponen el pilar fundamental de financiación de la desorbitada factura en pensiones que asume para abonar las prestaciones a más de 9,1 millones de beneficiarios cada mes. De hecho, según recoge el Ejecutivo en el Plan Presupuestario para el año próximo, tres de cada cuatro euros de aumento previsto de ingresos por cotizaciones corresponderá a las subida de cuotas incluidas como parte de la reforma de pensiones, y no debido a la mejora del mercado laboral propiamente dicha.

De entrada, la programación presupuestaria remitida a Bruselas recoge entre las proyecciones una moderación del empleo sustancial para el próximo año: crecerá un 1,4%, casi la mitad que en el presente ejercicio (2,2%) y casi tres veces menos que en 2021 (3,7%). Este menor incremento del empleo llevará asociada, no en vano, una mejora de los ingresos por cotizaciones sociales para el Estado, llegando a representar en 2024 un 13,6% del PIB, unos 204.000 millones de euros. Sin embargo, el aumento es de tan solo una décima con respecto al pasado ejercicio en términos de PIB.

Esa décima de incremento de cotizaciones en porcentaje de PIB es, según aclara el propio documento oficial, correspondiente a una cuantía de cerca de 1.500 millones. Sin embargo, el 72% de ese dinero que colmará las arcas de la Seguridad Social no procederá de la mencionada mejora del empleo esperada (a modo de nuevas cotizaciones realizadas por los nuevos trabajadores) sino que se le imputa a los cambios normativos incluidos por el Gobierno en sendas partes del reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023. Concretamente, los destinados a reforzar los ingresos del sistema encargado de pagar una factura de pensiones que rebasará en los próximos años la cota de los 200.000 millones de euros.

Concretamente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública recoge en su hoja de ruta el impacto esperado por las medidas incorporadas en el Plan de Recuperación que está permitiendo desde 2021 la llegada de fondos europeos a nuestro país -unos 37.000 millones de euros en forma de pagos a fondo perdido hasta el momento, a expensas de la solicitud del cuarto tramo de ayudas por valor de 10.000 millones de euros-. Entre ellas, se encuentra una estimación más o menos concreta del efecto de la subida de las bases máximas de cotización, por un lado, y del denominado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), por otro -cabe recordar que esta nueva cotización se carga todos los trabajadores de alta en la Seguridad Social, y que pasará de suponer un 0,6% del sueldo mensual a 0,7 puntos porcentuales a partir de enero de 2024-.

Sin embargo, entre el grosor de las cifras macroeconómica, el Gobierno afina en el caso de las cotizaciones sociales en el cuadro destinado a analizar el impacto presupuestario de las medidas discrecionales de ingresos adoptadas o anunciadas por el Estado y la Seguridad Social. Entre ellas, están el mencionado MEI, que pasará a recaudar en el próximo año 3.702 millones de euros -unos 780,5 millones de euros más que en el presente año-.

Por su parte, la senda de subida de cotizaciones de las bases máximas de cotización de las bases máximas que está prevista incremente un 38% hasta 2050 y cuyo despliegue comienza en 2024 con el 1,2% extra a la subida ordinaria que se efectuará cada año en la misma proporción en que lo hagan las pensiones contributivas dejará en las arcas de la Seguridad Social unos 308,5 millones de euros. Sumando ambas medidas, los incrementos de cotización aportarán el próximo año 1.080 millones de los 1.500 millones extra previstos (casi tres de cada cuatro euros).

«Para 2024 se prevé una tasa de crecimiento inferior a la de 2023, pero aún robusta (6,4%), como consecuencia del dinamismo del mercado de trabajo reflejada en el escenario macroeconómico y de la entrada en vigor de medidas de ingresos adicionales (adecuación de la base máxima de cotización)», señala el documento oficial publicado este lunes.

De este modo, atendiendo a la norma introducida en la segunda pata de la reforma de pensiones aprobada en marzo de este año, la base máxima de cotización aumentaría en torno a un 5% en 2024. Resultado de la subida ordinaria en base al IPC -y similar a la de la revalorización de las pensiones contributivas- que situará entre el 3,5% y el 4,5%, según confirmó el Ejecutivo -según la media del IPC de diciembre de 2022 a septiembre de 2023 estaría en el 3,6%- pero que las fuentes oficiales aproximan más al 4% una vez se conozcan las cifras de IPC de octubre y noviembre-. A lo que habría que sumar el 1,2% extra de adecuación de bases máximas.

Esto supondría que el Gobierno habrá elevado estas bases máximas en más de un 13% en dos años -se elevaron un 8,6% en 2023-. Con ello, la base máxima de cotización ascendería en 2024 hasta los 4.720,3 euros al mes, es decir, 56.643,3 euros anuales (desde los 53.946 euros en que se encuentra en este momento).