El Gobierno asume la dificultad para subir el sueldo a los funcionarios sin presupuestos
Función Pública sigue sin aclarar cuándo recibirán el 0,5% que les debe de la última actualización salarial
Los funcionarios tendrán una paga extra por el IPC pero vuelven a perder poder adquisitivo

El Ministerio de Función Pública ha iniciado este lunes los contactos con los sindicatos para negociar la subida de sueldo de los funcionarios, cuyas nóminas llevan congeladas desde principios de año ante la falta de un nuevo acuerdo en materia salarial. El propio Gobierno ... asume la complejidad de alcanzar un pacto a varios años vista –que es como se suele aplicar habitualmente– por la falta de Presupuestos, según apuntan fuentes de la negociación consultadas por ABC.
En la primera toma de contacto, las organizaciones CSIF, CC.OO. y UGT han visto la disposición del Ejecutivo a iniciar el que posiblemente será un largo proceso negociador después de las movilizaciones de los empleados públicos tras finalizar el pacto vigente de 2022 a 2024. Pero ahora, sin cuentas públicas, se hace difícil un acuerdo plurianual y si se aplican subidas concretas de sueldo sería a través de decretos. Desde CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración, instan a «negociar lo antes posible un nuevo acuerdo» porque, según sus cálculos, los funcionarios han perdidoun 9% de poder de compra desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo, y un 20% desde 2010, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó los primeros recortes salariales públicos.
El ministerio dirigido por Óscar López tampoco ha aclarado cuándo se abonará el 0,5% extra que le corresponde a todos los empleados públicos como consecuencia del desvío de la inflación con respecto a la estimación realizada en el último acuerdo. Hacienda sigue trabajando en esta cuestión, pero se desconoce cuándo se pondrán en marcha los abonos¡ que le correspondan a cada trabajador.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha comprometido con los sindicatos CC.OO. y UGT a implantar una tasa adicional de empleo para que el personal laboral del sector público pueda seguir jubilándose anticipadamente y a modificar la normativa vigente para que no se pierda este derecho entre los funcionarios.
Así lo han indicado los responsables del Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos tras la reunión mantenida este lunes con Óscar López, donde el ministro también se ha comprometido a negociar un nuevo acuerdo plurianual y abordar la subida salarial correspondiente a 2025 de los trabajadores públicos, de forma independiente y desligada de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
Según han explicado desde UGT, esta tasa adicional de empleo no computaría sobre el porcentaje de tasa de reposición que se haya acordado, para que así se puedan sacar más plazas y se pueda aplicar la jubilación parcial con contrato de relevo.
Con este compromiso, se da solución al planteamiento de las organizaciones sindicales para garantizar que el personal laboral pueda disfrutar también del acuerdo de jubilación parcial firmado el pasado 18 de diciembre y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril.
De igual manera, en la reunión, López se ha comprometido con el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, y el secretario general del UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, ha convocar la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI para culminar los asuntos pendientes.
Pendientes de la paguilla del 0,5%
En el encuentro, CC.OO. y UGT han instado al responsable de Función Pública a acometer a la mayor brevedad estos avances para que no queden en una mera «declaración de intenciones» y le han apremiado a aprobar lo antes posible la subida salarial del 0,5% pendiente, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024, para los empleados públicos.
También han pedido la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales y la negociación de las modificaciones normativas para el pleno establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo.
Además, los sindicatos han recordado que queda pendiente la aplicación de la jornada laboral de las 35 horas, así como la garantía de atención presencial de los servicios públicos y un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión.
Adicionalmente, han pedido hacer efectiva la creación de empleo neto en las administraciones públicas, la reducción de la temporalidad, el rejuvenecimiento de las plantillas y la digitalización, captación y retención del talento, promoción interna, formación y carrera profesional.
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