Fracasa la maniobra del Gobierno para contener la ola de embargos a España por los impagos a inversores en renovables

La intención del Gobierno de España era instar a las autoridades alemanas a impedir que RWE recurriera a la Justicia norteamericana para forzar el pago de esa compensación bajo el argumento de hacer cumplir la normativa europea que no admite más autoridad que la de los tribunales de la UE en los litigios entre empresas del espacio común europeo.

Este de hecho es el principio al que España se está agarrando para esquivar el pago de los laudos arbitrales desfavorables que se le acumulan por haber cambiado en mitad del partido el régimen de subvenciones e incentivos comprometidos con las empresas inversoras, pero también el lastre que le está impidiendo resolver el problema, ya que le sitúa en un callejón de difícil salida porque de abonar esas compensaciones podrían entenderse como una ayuda de Estado según la normativa europea.

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La Justicia alemana se desentiende de la pretensión de España. Considera, en primer lugar, que la protección jurídica que invoca el Gobierno español no está justificada y que se puede ejercer por otras vías a nivel europeo, y entiende que intervenir en la pretensión de una empresa de acudir a otra jurisdicción generaría un conflicto competencial entre jurisdicciones. «La medida cautelara solicitada por el demandante (el Gobierno de España) también constituye una prohibición inadmisible de continuar el procedimiento«, concluye la Corte de Essen.

Ante la negativa del Gobierno de España a pagar la compensación, la empresa alemana decidió acudir a los tribunales de justicia de Washington para hacer valer el sentido del arbitraje internacional e instar el pago del mismo, y en caso contrario poder instar las medidas que sean necesarias para asegurar el cobro de la reparación determinada por el laudo.

Según fuentes jurídicas consultadas por ABC, el procedimiento iniciado por la empresa alemana en Estados Unidos «puede resultar en la activación de medidas extraordinarias orientadas a resarcir a las empresas afectadas por este tipo de incumplimientos, como por ejemplo el embargo de bienes y activos de España, procedimientos que ya han autorizado los tribunales de Australia y Reino Unido en casos similares«.

ABC ya informó del procedimiento abierto por los tribunales australianos para garantizar el cobro de la reparación de 120 millones de euros reconocida por laudo arbitral para el grupo de inversores Antin, que presentó un completo listado de activos españoles en el país potencialmente embargables para hacer efectivas dicha compensación entre los que se contaban edificios de instituciones oficiales, como las nuevas sedes del Instituto Cervantes; las inversiones de Navantia en el país, cuentas bancarias y activos financieros, etc.

Por otra parte, la Justicia británica ya ha incautado cautelarmente la indemnización a España por la catástrofe del Prestige, valorada en más de 900 millones de euros; así como las sedes en Londres del Instituto Cervantes, la agencia de promoción económica de la Generalitat o cuatro cuentas bancarias del Estado español en el país.

Las maniobras de los afectados para hacer efectivo el pago de los laudos no cobrados han generado algunos problemas de grueso calibre. Hace alrededor de un año un fondo de inversión norteamericano llevó a la deuda español a su primer impago desde el año 1936 al intervenir una emisión de deuda para cobrarse la compensación que el Gobierno de España se negaba a pagar pese a contar con un arbitraje internacional favorable.

Fuentes jurídicas advierten de que esta situación irá a más en los próximos meses porque los inversores afectados han puesto el cobro de estas compensaciones en manos de fondos especializados, cuyas estrategias son cada vez más agresivas e imaginativas para garantizar que sus clientes cobren los laudos arbitrales que se les adeudan.

España ha perdido más de 25 procedimientos internacionales por la retirada retroactiva de las primas renovables en pleno plan de ajustes tras la gran crisis financiera y debe cerca de 1.800 millones de euros a las empresas afectadas, en concepto de indemnizaciones, intereses de demora y condenas a costas.