La fiebre del oro vuelve a manifestarse en España

El apetito empresarial por este nicho de negocio está al rojo vivo, con corporaciones canadienses y australianas a la cabeza. Entre las compañías que han puesto sus ojos en nuestro país figura Orovalle, filial de la canadiense Orvana Minerals Corp., que opera la mina de El Valle-Boinás en Belmonte de Miranda (Asturias). Otra es Exploraciones Mineras del Cantábrico, perteneciente a la australiana Black Dragon Gold, que ha presentado un proyecto de explotación de la mina de Salave, en Tapia de Casariego, donde calcula que hay unos recursos potenciales de más de un millón de onzas de oro. También ha apostado por España Minera Águilas, radicada en Huelva y filial de la canadiense Pan Global Resources, que tiene los permisos de exploración para buscar oro en los términos municipales de Belmez y Villanueva del Rey (Córdoba).

«Los grandes inversores mineros, de Canadá y Australia, están muy interesados en lo que está ocurriendo en España», asegura Miguel Cabal, geólogo y socio director de Idemina, consultora del sector minero. La ventaja, dice, es una rápida recuperación de la inversión y un beneficio grande por la misma. «Cuando funciona, es un negocio que genera muchísima riqueza y el valor de las acciones se dispara». El inconveniente es el riesgo. «La naturaleza debe acompañar, hay que comprobar la viabilidad técnica, económica y social, así como obtener los permisos», detalla.

Una fórmula habitual en el sector es que los primeros pasos del proyecto corran a cargo de las conocidas como 'junior companies', empresas pequeñas que suelen cotizar en bolsa y hacen la investigación geológica básica. «Son capaces de mover varios millones de dólares en la fase de exploración y, normalmente, una vez descubren que hay un yacimiento factible desde el punto de vista técnico y económico, venden los derechos a una empresa de mayor tamaño», explica.

Los expertos coinciden en que España es foco de interés porque, desde la perspectiva geológica, el potencial es grande. Ester Boixereu Vila, geóloga especialista en recursos minerales en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), recuerda que España está bien dotada de recursos minerales debido a su gran diversidad geológica. «El potencial es muy alto y, teóricamente, tendríamos que contar con estabilidad económica para que hubiera inversores, pero parece ser que somos el único país del mundo en el que encontrar una mina de oro es una mala noticia», lamenta la experta. No entiende «la leyenda negra» que acompaña al sector, menos aún si se considera lo garantista que es la Administración a la hora de dar luz verde a los proyectos. Y defiende que el oro es un bien común para el país, por lo que «debería haber una especie de pacto de estado, que los partidos políticos se comprometieran a aprovechar nuestros recursos racionalmente».

«Existen bastantes posibilidades y yacimientos, pero la mayoría no se pueden explotar por cuestiones ambientales o por la contestación de los grupos ecologistas en algunas zonas como es el caso de Corcoesto y Santa Comba, en Galicia», apunta Manuel Regueiro, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), que afirma que en la actualidad la única mina de oro en producción a nivel nacional es la de El Valle-Boinás, operada por Orovalle. Cree que, en ocasiones, «la presión de los grupos ecologistas es tan poderosa que las autoridades no tienen aprecio por la minería a pesar de que los recursos minerales son la riqueza de un país». Además, subraya que las explotaciones mineras son finitas, de modo que una vez explotado el recurso se puede restaurar el territorio como marca la ley.

Sin embargo, organizaciones como Ecologistas en Acción se muestran muy críticas con esta actividad. «La extracción de una tonelada de oro genera 99 toneladas de tierra que sale convertida en residuos, acaba en el exterior y contamina el medioambiente», advierte Cristóbal López Pazo, coordinador del área de minería de Ecologistas en Acción, que se queja asimismo del 'modus operandi' de las empresas. «En casi todas las minas quien pide la explotación es una pequeña empresa que vende los derechos. Cuando todo va bien, la matriz lo anuncia para que suba el valor de las acciones, pero cuando hay algún problema, quiebra. La mina queda en manos del Estado si es capaz de hacerlo o la población de la zona tiene que soportar esa contaminación o la degradación del medio», denuncia. Pone como ejemplo lo ocurrido en Monte Neme (Galicia), antigua mina de wolframio, donde la Xunta tuvo que asumir la responsabilidad. Desde la organización abogan por buscar alternativas, como obtener el oro a partir del reciclaje de teléfonos u otros dispositivos electrónicos.

A pesar de la posición de los grupos ecologistas y el temor de una parte de la población, Miguel Cabal, de la consultora Idemina, subraya que, con la normativa actual, no se puede actuar de manera no sostenible. «La Ley de Minas es antigua, pero las leyes que obligan a comportarnos como personas civilizadas son posteriores. La normativa aplicable en España, tanto en materia de medio ambiente como de aguas, es traspuesta de directivas europeas», recuerda. Por otro lado, cuenta que la sostenibilidad es uno de los temas que más fiscalizan los inversores: «No quieren problemas por un accidente o porque hay una guerra con los vecinos, ya que afecta al valor de las acciones».

Pero la controversia continúa. Y como botón de muestra lo vivido en Tapia de Casariego, que alberga el yacimiento de Salave, del que los romanos ya sacaron provecho y en el que han habido diferentes intentos fallidos de explotación. El último, protagonizado por AsturGold, que vio cómo su iniciativa caía en saco roto. En diciembre de 2014, la Comisión para Asuntos Medioambientales del Principado de Asturias emitió una Declaración de Impacto Ambiental negativa por los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, veto avalado a posteriori por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Tras el varapalo, hubo quienes dieron por perdida la posibilidad de que se sacara oro de este enclave. Nada más lejos de la realidad. Exploraciones Mineras del Cantábrico ha presentado un proyecto de extracción subterránea junto a la evaluación de impacto ambiental, que tiene que valorarse por parte de la administración para su eventual autorización. «Hablamos de un yacimiento de oro con un tamaño significativo y potencial económico, que sin duda aportará riqueza no solo a Tapia de Casariego, sino a todas las comunidades circundantes asturianas y gallegas», afirma José Manuel Domínguez, director general de la empresa.

El desarrollo de los trabajos duraría entre 15 y 20 años, incluyendo el periodo de restauración. «El proyecto evita los inconvenientes de propuestas previas mediante la utilización de tecnología moderna y contrastada, que asegura el desarrollo sostenible del proyecto, limitando sus impactos durante la vida del mismo, revirtiendo cualquier efecto con medidas de rehabilitación integrales en la zona de actuación, para conseguir la inocuidad de la actividad a largo plazo», añade.

Ni los 150 empleos directos (entre 1.000 y 2.000 indirectos) anunciados ni la inversión inicial de más de 100 millones de euros han sido suficientes para convencer a sus detractores. Tampoco la promesa de la empresa de que la operación está concebida «con un fuerte compromiso con el entorno, que garantice la sostenibilidad medioambiental, de acuerdo con los compromisos de la compañía y con la exigente legislación regional, española y europea».

Desde Ecologistas en Acción, una de las organizaciones contrarias al proyecto, alegan motivos de preocupación, como las posibles afecciones al medio hídrico. «La explotación se situaría bajo las lagunas de Salave, consideradas de cierto interés y donde hay vegetación. En esa explotación se trabajaría en seco, con lo cual tendrían que bombear agua y pensamos que con mucha probabilidad las lagunas desaparecerían», alerta la geóloga Beatriz González, de Ecologistas en Acción Asturias.

La empresa, sin embargo, lo niega. «Las lagunas de Salave no serán afectadas ya que la explotación minera subterránea se desarrollará a más de 50 metros, protegidas por un macizo de protección de roca inalterada de 40 metros bajo la superficie de las lagunas, que protegerán íntegramente su morfología y asegurando su integridad. El régimen hidráulico de las Lagunas como ha comprobado el IGME es independiente del régimen hidráulico subterráneo», subrayan.

Otra de las críticas que hacen desde Ecologistas en Acción es que «los vertidos que pretenden hacer al mar a través de un emisario submarino tendrían concentraciones de metales pesados y dicho emisario estaría a 400 metros de la costa, no a 800 metros como dice la empresa, por lo que es un riesgo inasumible». Añaden que la puesta en funcionamiento de la mina perjudicaría a actividades que se realizan en la zona como la pesca artesanal, la agricultura ecológica o la ganadería extensiva.

La visión de Exploraciones Mineras del Cantábrico es muy distinta. «Tal y como requieren las normas de diseño y construcción de este tipo de instalaciones la longitud y distancia a la costa se miden en la traza o línea de desarrollo del emisario que en el caso del proyecto de Salave está a 830 metros y 16,5 metros de profundidad. Lo verdaderamente crítico en este tipo de instalaciones es el punto del mar donde se produce la descarga y las condiciones hidrodinámicas del mismo, que es la razón por la que se ha elegido ese punto en concreto a casi 17 metros de profundidad», afirman desde la empresa, que destaca que estos datos han sido certificados por el IGME.

«Hablamos de una tecnología ampliamente utilizada en la zona, en Asturias y en toda la costa española, avalada internacionalmente. Además, depositará agua inalterada, esto es importante, ya está presente en el subsuelo de la zona», dicen. Para garantizar que la calidad del agua cumple perfectamente con los parámetros establecidos para su deposición en el mar, se contempla un plan de seguimiento y control que medirá la calidad del agua tanto a la entrada como a la salida del emisario de manera regular y sistemática y con plena transparencia en la información», resaltan. Y agregan que «hemos presentado un proyecto desde el convencimiento de que es posible desarrollar una operación minera medioambientalmente sostenible y económicamente viable con el objetivo global de alcanzar el riesgo cero a largo plazo».

En concreto, su director general destaca que uno de los aspectos diferenciales es su propuesta para «respetar y proteger los sensibles cauces fluviales de la zona y sus ecosistemas asociados, optando por la instalación de un emisario para dirigir al mar el agua natural sin alterar extraída del subsuelo, evitando vertidos a ellos». De este modo, agrega, «se resguardan y evitan impactos sobre las aguas subterráneas al no entrar en contacto con la actividad minera, bombeándolas directamente al mar a través del emisario, que las conducirá a 800 metros de la costa y 17 metros de profundidad»... Envuelta de polémica, la sed de oro resurge en España con las aprobaciones medioambientales como el gran escollo a salvar.