Fedea cree que la única forma de garantizar la Ley de la Cadena Alimentaria es que el Estado compre el excedente

En 2013, nuestro país fue uno de los primeros en aprobar la Ley de la Cadena Alimentaria. Sin embargo y a pesar de las diferentes reformas que pretendían reforzar la protección de los pequeños productores, más de diez años después los agricultores aún protestan por vender a pérdidas.«Es muy improbable que las cláusulas que prohíben la venta a pérdidas se puedan aplicar de forma efectiva» sentencia el economista de Fedea, Ángel de la Fuente en su informe 'Poniéndole puertas al campo: Notas sobre la reforma de la ley de la cadena alimentaria'.

Entre los últimos cambios introducidos en la norma, el centro de investigación económica destaca que esta prohibición es «una solución particular para los problemas de rentabilidad del sector primario» ya que, «exige por ley que se cubran los costes de producción a lo largo de toda la cadena», lo que «seguramente sea ilegal en Europa».

Fuente, desde la organización, destaca que la única forma de implementar la regla es «mediante el establecimiento de suelos de precios a la vieja usanza». Esto, «sólo podrían sostenerse mediante la compra pública de los correspondientes excedentes». Es decir, que para asegurar el cumplimiento de la ley, el Estado tendría que comprar lo que sobre. Y considera que esta reforma no es «una vía novedosa o prometedora» para suavizar los problemas del campo.

La reforma, según Fedea, pretende instaurar un nuevo derecho para los operadores del sector que consiste en recuperar sus costes. Este derecho, sin embargo «sólo existiría si alguien tiene la obligación de comprar la producción a un precio suficiente».

Fuente recuerda que «en una economía de mercado con libertad de contratación como la nuestra, no es posible obligar a los compradores de productos alimentarios a contratar con los productores menos eficientes pagando precios superiores a los de mercado para así cubrir los costes de estos últimos»

«Esos mismos productores tendrían todos los incentivos para no insistir en la recuperación completa de sus elevados costes con el fin de no perder la venta, lo que aumentaría aún más sus pérdidas. No es sorprendente, por tanto, que la ley se incumpla con frecuencia», agrega el experto.

En este sentido, Fuente destaca que la medida implica que «estamos de vuelta en el familiar terreno de la discusión sobre los pros y los contras de las subvenciones agrarias tradicionales». Y aunque considera que «podría tener sentido para que la producción doméstica gane seguridad y autonomía», apunta también que subiría los costes. Un aumento que se vería repercutido sobre otros colectivos entre los que se encuentran los consumidores debido a un incremento del precio final de los alimentos.

«El problema sigue siendo el de siempre: encontrar un equilibrio razonable entre los distintos intereses y objetivos en conflicto, pero la reforma de la ley de la cadena alimentaria que se discute en la nota ni lo resuelve ni nos da mejores herramientas para afrontarlo», destaca Fuente. Que concluye que las soluciones «deberían plantearse a nivel europeo».