Fedea advierte de que si se recorta la aportación de Cataluña a la solidaridad Baleares y Madrid también lo exigirán
El 'think tank' identifica cerca de 38.000 millones en transferencias del Estado a las autonomías para temas como sanidad, educación, empleo o vivienda que se verían afectadas por el 'concierto catalán'
Promueve una tercera vía de diálogo en torno a la reforma de la financiación catalana: «Tenemos que sentarnos y ver hasta dónde podemos llegar»
«Si se abre la puerta a la generalización del sistema de concierto, los territorios ricos además de Cataluña, básicamente Baleares y Madrid, podrían reclamarlo también y sería difícil negárselo. Y esto sería un desastre porque en la caja común para financiar las políticas regionales ... no quería nada. Baleares con el gobierno actual quizá no pero en otro contexto político probablemente lo reclamaría y Madrid nunca ha dado indicaciones de que esto lo pediría pero si acaba siendo la única pagana de la redistribución a lo largo de los años provocaría una fatiga que les abocaría a pedirlo también. Es muy peligroso abrir esa puerta». El director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha advertido este miércoles del efecto dominó que provocaría entre las comunidades autónomas ricas, que son básicamente las que financian la solidaridad interterritorial, el hecho de que el Gobierno reconociera a Cataluña un modelo de financiación más amigable, que le permitiera quedarse con una mayor parte de sus impuestos y reducir su aportación a la solidaridad. Situados en ese escenario, ha advertido, sería muy difícil impedir que Baleares y Madrid acabaran exigiendo el mismo trato.
De la Fuente ha lanzado esta reflexión en el marco de un acto organizado por Fedea y la Fundación Olof Palme, cuya presidenta es Anna Balletbó, ex diputada del PSC, con el objetivo de impulsar una tercera vía que permita abrir un diálogo en torno a la controversia de la financiación catalana y perfilar un consenso que permita impulsar una reforma de la financiación autonómica que no dinamite el sistema y preserve la solidaridad entre territorios. «Tenemos que sentarnos y ver hasta dónde podemos llegar», ha resumido Balletbó, que ha recalcado que el acuerdo entre PSC y ERC es un texto «inconcreto», «que se puede leer de muchas maneras» y que plantea la necesidad de solucionar un problema «que no es solo catalán, sino español».
Como base para abrir ese proceso de reflexión, en el que Fedea tiene la intención de contar con expertos con diferentes visiones sobre el asunto para poder identificar posibles puntos de encuentro, el instituto de análisis ha planteado este miércoles un primer documento en el que se pone en valor la importancia de los recursos del Estado en la preservación de la solidaridad entre comunidades autónomas.
El estudio realizado por el investigador de Fedea Miguel Ángel García calcula, a partir de las cifras de los Presupuestos de 2023, en 37.890 millones de euros los créditos presupuestarios que se destinan a mantener el equilibrio territorial y a garantizar una prestación similar de servicios públicos en todo el territorio nacional. De esa cifra, algo más de 24.500 millones se corresponden a las transferencias que se realizan a las comunidades autónomas dentro del sistema de financiación autonómica y el resto a diferentes programas presupuestarios que prevén transferencias a las autonomías en materia de vivienda, empleo, educación, sanidad o servicios sociales.
El papel del Estado en la nivelación territorial no acaba ahí. El informe de Fedea recuerda que las inyecciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social sirven, entre otras cosas, para cubrir el déficit de más de 33.000 millones de euros entre las cotizaciones que pagan los trabajadores y las prestaciones que perciben los pensionistas y que en el caso de Cataluña supuso una transferencia implícita de 4.600 millones de euros. Dicho de otro modo, que las arcas del Estado pusieron alrededor de 600 euros por habitante para pagar las nóminas de las pensionistas catalanes.
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