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Fedea advierte de que la dinámica actual del gasto público en España es insostenible

En 2023, por primera vez en la historia, el gasto necesario para sufragar la operativa de Estado, Seguridad Social y entes vinculados superará el medio billón de euros

Hacienda cobrará 80 millones de intereses en 2023 a empresas rescatadas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero EP
Bruno Pérez

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El próximo año el Estado, la Seguridad Social y el conjunto de organismos autónomos y entidades públicas que dependen de la Administración Central consumirán por primera vez en la historia más de medio billón de euros para hacer frente a todos sus compromisos de gasto, el equivalente a un 39% del PIB. La catarata de ingresos públicos proporcionada en los dos últimos años por la inflación y el buen comportamiento del empleo han metido en la caja del Estado 60.000 millones de euros más de los que había en 2018 para hacer frente a estos gastos, pero eso no impedirá que, sobre el papel, el desequilibrio entre los ingresos y los gastos el próximo año arroje unos números rojos de cerca de 50.000 millones de euros.

La magnitud del agujero en un contexto de generación de ingresos sin precedentes ha puesto en guardia a a los analistas. Fedea, uno de los institutos de análisis económico a los que la Comisión Europea, el FMI o la OCDE consultan regularmente para formarse una opinión de la marcha de la economía española, ha lanzado este jueves una nota de análisis sobre los Presupuestos en la que ha advertido del asunto: «Las cifras son ciertamente llamativas y apuntan a un patrón claramente insostenible en el tiempo, aunque quizás comprensible en un período tan turbulento como el de los últimos años, marcados por la pandemia de Covid, la guerra de Ucrania y la necesidad de hacer frente a ambas crisis y paliar sus consecuencias económicas y sociales».

El informe elaborado por el instituto revela que mientras que el crecimiento medio del PIB en el periodo 2018-2023 ha sido del 1%, los ingresos se han disparado un 15% y los gastos, un 18%. «Visto desde otra perspectiva, el incremento del gasto real ha sido 6,6 veces mayor que el del PIB y el tipo de gravamen sobre el incremento de la renta ha sido superior al 500%».

El autor del estudio, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, advirtió hace unos días en declaraciones a ABC que la excepcionalidad presupuestaria instaurada a raíz de la pandemia es algo «que se puede mantener uno o dos años, pero que no se puede mantener por siempre», en relación al proyecto de Presupuestos de 2023 que de nuevo vuelve a mantener un perfil expansivo.

Llamamiento a la prudencia fiscal

Fedea insta al Gobierno a recuperar una cierta normalidad tanto en la evolución del gasto público como en la presión fiscal sobre los agentes económicos. «Sería necesaria una política fiscal más prudente en los próximos años, que ponga mayor énfasis en la contención del crecimiento del gasto y la reducción del déficit para asegurar la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas», asegura el informe, alineándose también con la petición realizada en el último informe del Fondo Monetario Internacional, en el que se pedía a los gobiernos una política de prudencia fiscal para no alentar la espiral inflacionista.

La fotografía construida por Fedea a partir de la comparación del proyecto de Presupuestos de 2023 con las cifras del último presupuesto del Gobierno del PP, el de 2018, que aunque fue aprobado ya con Sánchez en el Gobierno fue diseñado por el equipo de Mariano Rajoy, indica que mientras en este periodo los ingresos del Estado se han incrementado en 61.845 millones de euros –una cifra sin precedentes en la historia presupuestaria de España– los gastos se han incrementado en 78.930 millones. En este periodo, el desequilibrio de las cuentas se ha ensanchado desde los 31.242 millones hasta los 48.427 millones que se prevén para 2023.

El grueso de ese gasto extra se ha materializado en pensiones y nuevas prestaciones sociales, en tanto que las medidas de promoción económica hacia los sectores productivos se han congelado cuando no se han recortado con excepción de las subvenciones públicas al transporte, en parte por la aprobación de los bonos para abaratar el transporte ferroviario.

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