El Falcon del Gobierno y las cuentas del Instituto Cervantes, en la lista de posibles embargos por los impagos de arbitrajes

Una vez que hayan sido identificados debidamente, serán susceptibles de confiscación en el marco de la toma de medidas cautelares. Entre ellos estarían los modelos Falcon y A-310 empleados por el presidente Pedro Sánchez y sus ministros, que tienen un valor de mercado cercano a los 45 millones de euros. El año pasado, Sánchez utilizó el Falcon, de media, cada dos días.

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Recientemente, el Gobierno ha perdido el litigio que abrió ante la justicia de Países Bajos para pedir medidas cautelares y evitar que también en suelo neerlandés se puedan invocar medidas de protección contra los impagos del Estado español de los laudos aprobados.

Y hoy comienza en el Tribunal Superior de Londres la vista en la que los representantes del Estado español intentarán anular las indemnizaciones reclamadas por Servicios de Infraestructura Luxemburgo y Energía Termosolar, inversores de una planta en Granada. Estos ya han pedido el embargo cautelar de los 925 millones de euros de la indemnización por la catástrofe del Prestige para cobrar 120 millones de euros.

Otros activos que podrían ser confiscados serían un edificio de oficinas oficiales y la cuatro cuentas del Instituto Cervantes.

La lista de activos, que podría incluir obras de arte prestadas en algunos museos, es manejada por las empresas y sus respectivos equipos jurídicos. «Ahora que ya hay sentencias firmes y se rechazan las peticiones de medidas cautelares y demás tácticas con las que se pretendía ganar tiempo, ya se está tirando de la lista de forma selectiva», afirman a ABC fuentes conocedoras de los procesos.

Hay que recordar que hace unos años la fragata Libertad de la Marina argentina fue retenida en Ghana por un grupo de acreedores y la propia presidenta, Cristina Kirchner, tuvo que cambiar el avión presidencial Tango por otros alquilados o de líneas regulares para que no se lo embargaran.

Mientras, desde el Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que en los casos en que las pretensiones de los demandantes han sido parcialmente admitidas, España ha formulado recursos de anulación y que «ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar».

En la actualidad, de los 51 arbitrajes presentados, se han dictado 28 laudos, dos se han anulado, otros 20 están pendientes y tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por el RDL 17/19.

En el ministerio destacan que «los laudos han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de rondar el 12% sobre lo demandado, una proporción muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas».

Además, apuntan que «los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una ayuda de estado ilegal. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración». Y subrayan que España no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales».

Este conflicto estalló en 2014, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy redujo la rentabilidad prevista de las plantas renovables para pinchar la burbuja del déficit de tarifa, que suponía una hipoteca para los consumidores de casi 40.000 millones de euros, cifra que terminaremos de pagar a través de las facturas en 2028.

Este hachazo fue recurrido por numerosos inversores nacionales ante el Tribunal Supremo, que dio la razón al Ejecutivo. Sin embargo, los inversores extranjeros acudieron a varias cortes internacionales de arbitraje –donde no podían ir los inversores nacionales–, como el CIADI (Banco Mundial) y el tribunal de Estocolmo. Las indemnizaciones solicitadas por todos ellos sumaban unos 10.000 millones de euros. De momento, los laudos resueltos solo suman 1.200 millones.