La factura de la amenaza constante de cambios en los impuestos: «Se están condicionando decisiones de gestión de empresas»

No pasó de ser una referencia más a un asunto que asoma con regularidad en los discursos de la ministra, pero su sola mención ha puesto en guardia a las decenas de miles de empresarios con negocios familiares de mayor o menor tamaño para los que la carga fiscal esperada sobre la transmisión de sus sociedades a la siguiente generación es casi una cuestión de supervivencia del negocio.

«La inseguridad que producen los cambios de criterio de la Administración y los anuncios de cambios en la normativa fiscal condiciona las decisiones de gestión de las empresas y les fuerza a tomar decisiones que no tienen un vínculo con motivos económicos sino con el marco fiscal«, ha advertido la socia del Área Fiscal de la firma Finreg 360, Cristina Mayo, en una jornada sobre la fiscalidad de la empresa familiar organizada por el lobby Madrid Foro Empresarial.

Hay precedentes de las consecuencias que estos anuncios pueden provocar. En el último trimestre de 2018 un puñado de multinacionales decidieron realizar una repatriación no prevista de dividendos desde sus filiales en el extranjero tras la amenaza del Gobierno, no concentrada finalmente hasta tres años después, de instaurar un tipo impositivo del 5% sobre los dividendos de fuente extranjera, que en aquel momento disfrutaban de una exención total. El anuncio precipitó la acumulación de dividendos en la matriz y provocó un incremento del 37% en esos movimientos, según se registró en las estadísticas de la Agencia Tributaria.

La profesional especializada en asesoramiento financiero de empresas familiares advierte de que el ruido permanente en torno al sistema fiscal y las amenazas constantes de cambios en el mismo empujan a las empresas a «tomar decisiones que no estaban en su estrategia empresarial» para cumplir los requisitos muchas veces cambiantes que se les exigen para entrar en el régimen fiscal que supuestamente les corresponde por su naturaleza.

Y esto es particularmente controvertido en el caso de las empresas familiares, que gozan de una especial protección reconocida no solo por la regulación nacional sino también por las directrices de la Comisión Europea, pero que por esa misma razón están especialmente sometidas a escrutinio por las autoridades tributarias, siempre temerosas de que se aprovechen esas ventajas fiscales con objetivos fraudulentos.

En España, en concreto, el patrimonio vinculado al negocio familiar disfruta de una exención del 95% en el Impuesto de Patrimonio, que también es aplicable a las transmisiones en vida o por causa de muerte en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Disfrutar de este régimen fiscal exige del cumplimiento de una serie de requisitos, que según el presidente de la firma Acountax, Manuel Lamela, son revisados en un 90% de los casos por las autoridades tributarias.

«El asunto es que hay cuestiones que antes eran incontestables, pero que ahora son controvertidas», ha advertido, en referencia a las últimas maniobras del Gobierno que ha aprobado nuevos impuestos a través de enmiendas a una proposición de ley en un procedimiento sin precedentes que el Constitucional ha considerado ajustado a derecho o a la aplicación de esos nuevos impuestos (los gravámenes transitorios a los ricos, energéticas y entidades financieras) con carácter retroactivo, algo que supuestamente no podía hacerse. «Los contribuyentes están ya hechos a todos, pero tratar de realizar una mínima planificación en estas condiciones es imposible», ha lamentado.