Los expertos avisan: los defectos del esquema de incentivos obstaculizarán las contrataciones

Como conclusión, estas mayores restricciones podrían redundar en una obstaculización de las contrataciones de ciertos perfiles profesionales, los más vulnerables, que son el objeto de esta parte de las políticas activas de empleo que se sustancia en forma de rebajas en las cotizaciones para ciertos perfiles laborales que contraten las empresas.

Así se desprende de un primer análisis realizado por Fedea, en el que por un lado se valora el nuevo esquema como un intento de ordenación de una serie de gastos que viene siendo objeto de análisis de organismos como Airef y el Tribunal de Cuentas afirmando que sobre este ley sobrevuela la falta de eficacia de buena parte de las medidas en el objeto de acercar a los más vulnerables al mercado laboral además de un descontrol del gasto presupuestado para estas bonificaciones, precisamente por esta falta de herramientas de fiscalización.

De hecho, al margen del impacto que puede tener sobre el ritmo de contrataciones y de creación de empleo esta reordenación de incentivos realizada por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, el documento de análisis señala como uno de los principales deberes del Gobierno articular un sistema de financiación que permita la trazabilidad en la ejecución de las políticas activas de empleo.

En este sentido, el informe señala dos aspectos que pueden rebajar la eficiencia del programa, lejos del objetivo principal de mejorar la empleabilidad de estos colectivos: la rigidez sobre la contratación indefinida y, principalmente, la obligatoriedad de mantener en plantilla un mínimo de tres años al trabajador que tenga un contrato bonificado.

Por un lado, aunque el paraguas de la contratación indefinida pueda parecer más limitativo en primera instancia, los expertos reconocen la necesidad de abordar la medida desde este prisma para acoplarla a la nueva legislación laboral saliente de la reciente reforma.

«La norma se centra en limitar el uso de los incentivos a la contratación indefinida. Este objetivo, coherente con la actual normativa, se mantiene en todas las situaciones y para todos los agentes sin hacer excepciones. La posible introducción posterior de cualquier excepción no justificada adecuadamente desvirtuaría el espíritu de la norma, y abriría la demanda de igual trato a cualquier colectivo, limitando el cumplimiento con el pretendido objetivo del legislador de ordenar estas políticas en la dirección de fomentar solo la contratación indefinida», señala el documento analítico.

Pero también se reconoce que la obligación de mantener el empleo tres años para no incurrir en la devolución de las subvenciones «puede ser excesiva», y dado que este incentivo se puede entender como la posibilidad de disponer de una oportunidad para acumular experiencia en el empleo con menor coste laboral, «el plazo mínimo marcado podría conseguir en la práctica un objetivo contrario al perseguido, desincentivando la utilización de estas ayudas por parte de las empresas y dificultando por tanto la creación de empleo ante el riesgo sobrevenido de que puedan ser necesarios despidos no previstos», apunta el experto autor del informe Miguel Ángel García Díaz.

Otro de los aspectos inconcluso de la medida es el coste agregado de la partida presupuestaria. A cierre de 2020 ascendía a los 1.800 millones según el propio Gobierno y el pasado año, según Fedea, las transferencias realizadas a las comunidades autónomas en este concepto ascendieron a los 1.175 millones.

De cara a 2023, aunque el documento oficial no precisa el coste agregado de las medidas sí que recoge ciertas rúbricas significativas sobre los cambios introducidos. Así, las nuevas medidas contempladas en la ley suponen un mayor gasto de 196,9 millones de euros, mientras que las medidas actuales que se suprimen suponen un ahorro de 463,93 millones de euros anuales.

En consecuencia, y tal y como avanzó este medio, el Gobierno prevé un ahorro en la partida siguiendo así con las recomendaciones de Airef y el Tribunal de Cuentas. Concretamente, las modificaciones introducidas en la medida conllevan una disminución estimada del gasto público de 267,03 millones de euros para 2023.