Bruselas también pone deberes a España en créditos, navegación aérea, plataformas digitales y seguridad bancaria

Pues bien, el paquete de procedimientos de infracción de junio contiene más reprimendas contra España, que a pesar de todo no es el país más castigado. Aún así, la Comisión ha detectado deficiencias en cuatro ámbitos. Si el Gobierno no las subsana en un plazo de dos meses, la Comisión podrá elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión ya ha activado el ultimátum de dos meses por la transposición incompleta a la legislación española de la Directiva (UE) 2021/2167, cuyo objetivo es permitir que los administradores de créditos y los compradores de créditos operen a escala de la Unión, salvaguardando firmemente los derechos de los prestatarios.

Entre otras cosas, esta norma exige que los compradores y operadores actúen de buena fe, de manera justa y profesional con los prestatarios y se comuniquen con ellos de forma que no constituya acoso, coacción o influencia indebida.

La Comisión ha anunciado que se abre un procedimiento de infracción contra España por no facultar adecuadamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer cumplir la nueva Ley europea de Servicios Digitales, que impone normas más estrictas a las grandes plataformas con el fin de evitar prácticas abusivas por parte de las compañías con mayor cuota de mercado.

España tiene dos meses para aplicar correctamente algunas de las disposiciones del plan de rendimiento y tarificación del Cielo Único Europeo para los servicios de navegación aérea, y si no lo hace se enfrentará a otro dictamen motivado.

Básicamente, el problema que ha identificado Bruselas se refiere al nivel o asignación de lo que se cobra a las compañías aéreas en concepto de servicios de navegación aérea, además de los insuficientes incentivos financieros que existen para los proveedores de estos servicios.

Lo primero incumpliría las reglas del Cielo Único Europeo, pues estas exigen que los estados miembro distribuyan de manera proporcional y transparente los costes comunes entre los proveedores de servicios de navegación aérea de ruta y terminales. Estos proveedores de servicios son los que cobran una tarifa a las aerolíneas, por tanto, la implementación incorrecta de las normas de la UE afecta a lo que las compañías aéreas acaban pagando.

Bruselas abre expediente a España por no haber completado la transposición a la legislación nacional de las normas europeas sobre reestructuración y resolución bancarias; concretamente, las modificaciones de la directiva sobre rescate y resolución bancarios. Estas modificaciones se refieren al tratamiento prudencial de las entidades de importancia sistémica mundial y a la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización de los grupos bancarios.

Hacer estos cambios es importante, considera el Ejecutivo comunitario, para que se refleje adecuadamente la exposición de estas entidades de la UE a sus filiales situadas en terceros países, además de para seguir mejorando la capacidad de los mayores grupos bancarios de la UE para resistir las perturbaciones financieras.

Con esta transposición, a su vez, se pretende la armonización del tratamiento prudencial de los recursos internos para la absorción de pérdidas y la recapitalización de las entidades intermedias de un grupo bancario.