Eurovegas, diez años más tarde: la ruleta vuelve a girar en Cataluña

La historia se remonta a 2012. Eran otros tiempos, en los que aún se sufrían los estragos de la crisis de 2008, cuando toda inversión era más que bienvenida y en los que la magnificencia y las luces de neón parecían garantía de éxito. Sheldon Adelson, gurú de la industria de los casinos con Las Vegas Sands Corporation, puso el ojo en España para desembarcar aquí con un proyecto llamado a ser el mayor complejo de ocio y juego de Europa.

La jugada la ganó en un primer momento la Comunidad de Madrid, entonces gobernada por Esperanza Aguirre, pero la ruleta paró de foma repentina y Adelson cambió de planes. Antes de que el proyecto se desinflara oficialmente, cuando Cataluña ya lo empezaba a ver lejos, la Generalitat se sacó un as que tenía en la manga y entró en escena BCN World, que venía a ser otro macrocomplejo de ocio similar al original Eurovegas, pero emplazado, aunque su nombre no lo indicara, en Tarragona.

El nuevo y faraónico plan se planteó entre Salou y Vila-seca, justo al lado de Port Aventura, venía avalado por la Generalitat con el impulso de la promotora brasileña Veremonte y contaba con el apoyo de Criteria (La Caixa), propietaria de los terrenos.

A la espera de que se concretara, el Govern empezó a tramitar los planeamientos para implantar allí lo que se anunció como un Consorcio Recreativo Turístico (CTR). El rechazo social al proyecto hizo que BCN World se tambaleara, pero en 2014 entró en juego otro proyecto similar, en este caso promovido por la empresa Hard Rock Entertainment World, la misma que impulsó el imponente edificio-guitarra de Miami, que alberga un casino y un hotel de 35 plantas.

Los propietarios que fijaron su mirada en Cataluña son los seminolas, una millonaria tribu indígena que hasta hace pocos años no tenía ni tratado de paz con el Gobierno. Entre sus negocios ya estaban los casinos -una industria que parece que no tiene techo en Estados Unidos- y la venta de tabaco, ámbitos en los que aprovechan la tributación especial creada para favorecer las reservas indias. En 2006 compraron la célebre cadena de restaurantes y desde entonces han extendido por el mundo la marca Hard Rock.

Seis casinos, una veintena de hoteles, una macropiscina de unos 6.000 metros cuadrados y una inversión de 2.000 millones de euros eran algunas de las cifras de vértigo que proponían, aunque con el paso de los años se han rebajado. Hard Rock quería concentrar el mayor número de máquinas recreativas de Europa -ni más ni menos que 1.200-, su mejor gancho para atraer a amantes del juego.

Según el último Anuario del Juego de España, elaborado por el Consejo General del Juego con datos de 2021, en el país existen 182.160 máquinas operativas, de las que casi 140.800 se ubican en locales de hostelería. Salones de juego, bingos y locales de apuestas tienen más de 41.000 tragaperras. Las 1.200 del proyecto Hard Rock parecen pocas, pero las comparaciones dicen mucho en este caso: el casino de Barcelona, por ejemplo, tiene unas 200.

El Govern dio un paso más en 2016, cuando modificó el Plan de Desarrollo Urbanístico (PDU) de la zona para encajar el proyecto y más adelante prometió la rebaja de la tributación del sector, del 55% al 10%, y se aferró a resaltar que en ningún caso el Hard Rock costaría ni un solo euro público. «El proyecto es más necesario que nunca tras el Covid», reafirmaba a finales de 2020 el entonces consejero catalán de Territorio, Damià Calvet.

Varios estudios de la Universidad Rovira i Virgili (URV) apuntan a un impacto directo de entre 860 y 1.145 millones de euros para el territorio y la atracción de unos cuatro millones de visitantes, además de casi 12.000 puestos de trabajo para su construcción y otros 48.000 cuando el complejo estuviera en marcha. Por todo ello, los ayuntamientos implicados y algunos sectores económico-turísticos de la zona coinciden en la idoneidad del proyecto de Hard Rock, aunque en el territorio hay mucha gente que no quiere más macrocomplejos en una zona que ya está tomada por Port Aventura, las grandes petroquímicas y una Costa Dorada entregada al turismo. «Llevamos desde 2012 luchando contra un proyecto que ha cambiado tres veces de nombre. Es como la historia interminable, aunque sabemos que ya existe una sentencia porque incluso la licencia del casino está otorgada», critica en declaraciones a ABC, Eloi Redón, de la plataforma 'No juguemos. Paremos Hard Rock'.

Para ellos, el impacto ambiental y la afectación de los dos únicos espacios naturales de la zona son los aspectos caudales por los que no quieren el proyecto. Pero hay más: los vecinos defienden otro modelo económico, que no fomente la ludopatía y que huya del turismo de masas. «La Costa Dorada pasó de dos a cinco millones de turistas entre 2009 y 2019, pero el poder adquisitivo de los vecinos de las comarcas afectadas ha bajado hasta un 25%. Los visitantes vienen pero eso no revierte en los autóctonos, ya que se sigue fomentando el monocultivo turístico», lamenta Redón.

Precisamente, denunciando posibles irregularidades de planificación, los detractores llevaron a los tribunales la última modelación del PDU, de marzo de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que anteriormente ya había tumbado el proyecto, frenó el pasado octubre uno de los informes avaladores, en este caso de la consejería de Acción Climática, alegando incumplimientos ambientales. Ahora se espera que la Comisión de Urbanismo de Tarragona apruebe de nuevo el PDU, que es uno de los pasos clave para que el proyecto pueda arrancar sus obras. Para protestar por este trámite, Paremos Hard Rock ha empezado a redoblar sus esfuerzos para combatir el macroproyecto y anoche realizó una protesta ante el restaurante que la cadena tiene en Barcelona. En paralelo, ha convocado otra manifestación el próximo martes en Tarragona.

Paralelamente, queda sobre el tablero de juego la no menos controvertida compraventa de los terrenos. Se prevé que una vez prospere el PDU definitivo se abra un plazo de 30 días para que el Instituto Catalán del Suelo (Incasol) compre a Criteria los terrenos, por valor de 120 millones de euros, para que el Govern avale a Hard Rock la compra. Para desarrollar la fórmula, los Presupuestos de la Generalitat de 2022 ya tenían una partida reservada de 120 millones, que el año pasado no se llegó a usar. De aquí a que este año la cuestión haya entrado de nuevo en el debate presupuestario: el PSC forzó, tras semanas de intensas negociaciones, que el impulso de Hard Rock esté entre las condiciones de su 'sí' a las cuentas.

La petición del PSC, que ahora tiene que incorporarse al texto que se aprobará en las próximas semanas, contempla «completar los procesos relacionados con el inicio del proyecto del CRT de Salou y Vila-seca» en 2023. Es decir, reactivar Hard Rock. Quedará por ver si ERC, que actúa como 'crupier' y que habitualmente se ha mostrado en contra de los macrocomplejos, pone sobre la mesa las cartas necesarias para llevarlo a cabo.