El estatuto del becario nace sin apoyo político y con el aviso de los educadores de que no es un trabajo

El estatuto del becario se había convertido en uno de los objetivos que se había marcado Yolanda Díaz para esta legislatura, más aún después de que su reforma estrella, la de la reducción de jornada, fuera vetada por el Congreso a principios de septiembre. No hay visos de que Junts, que ha roto oficialmente el pacto de investidura, ni el resto de partidos de la oposición avalen esta norma que Díaz acordó en 2023 con los sindicatos. La parte socialista del Gobierno de coalición ha mirado siempre de reojo aquel pacto y es una de las causas de la congelación ejecutiva que ha sufrido la norma durante todos estos meses en los cajones de los ministerios afectados.

En su momento, Yolanda Díaz tampoco contó con la comunidad educativa, como ya denunciaron los rectores universitarios. Y las críticas de los agentes implicados han ido creciendo a medida que ha llegado la aprobación del anteproyecto. Este mismo martes, la Fundación Universidad-Empresa ha lamentado que el debate sobre el futuro de las prácticas académicas se haya «desviado hacia cuestiones como la compensación económica o la limitación de horas» cuando, a su juicio, «lo esencial debería ser garantizar prácticas de calidad». «Formar no es emplear. Las prácticas no se miden por su remuneración ni por su duración, sino por lo que aportan en términos de aprendizaje, tutorización y desarrollo competencial», ha señalado la directora general de la Fundación Universidad-Empresa y coordinadora del Libro Blanco de las Prácticas, Carmen Palomino.

Por su parte, Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, ha indicado que «carece de sentido» que una norma cuyo objeto es regular las prácticas de las enseñanzas universitarias y de FP no haya sido promovida por los ministerios más concernidos (Universidades y Educación y Formación Profesional) dejando al margen de la negociación a las universidades y todo el ámbito educativo. «Una actividad académica que tiene finalidad formativa no puede ser tratada desde una óptica puramente laboral por el mero hecho de que se desarrolle en régimen de cooperación educativa en centros de trabajo», ha apuntado.

El texto incluye cuestiones como los gastos que deben asumir las empresas «por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención». Si una empresa no lo hace, se arriesga a sanciones que pueden llegar a los 225.000 euros. Además, limita las prácticas extracurriculares a 480 horas, se regula la figura del tutor asignado a cada becario y se exige al estudiante compromisos laborales vinculados a cualquier otro trabajador de la empresa.