El Estatuto del Becario encalla por el rechazo de los socios de Díaz a limitar las prácticas

La norma con la que el Ejecutivo pretende regular la situación y condiciones de los alumnos que realizan prácticas en la empresa se encuentra ante una pinza por el desacuerdo expresado por la parte de la patronal hacia la propuesta del gabinete capitaneado por la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz, pero también por el rechazo de los partidos políticos que son socios del Gobierno de coalición y que sustentan al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados hacia, principalmente, una de las medidas incluidas: la eliminación de las prácticas extracurriculares, aquellas de carácter voluntario.

Esta parte de la norma que el Gobierno auspicia bajo el título de 'Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa' es la que está suponiendo el principal escollo para su aprobación. Es uno de los puntos que más rechazo generó por parte de la CEOE, si bien fuentes de la patronal apunta a un problema de fondo, una cuestión semántica sobre el cuerpo del texto de la norma que sitúa a las empresas en una posición de presunto fraude sobre el uso de la figura del alumno en prácticas en la empresa. «El texto presupone malas prácticas por parte de las empresas», critican.

Sin embargo, el elemento de las prácticas extracurriculares es el que está bloqueando la aprobación de la medida. Son aquellas que tienen un carácter voluntario por parte de los becarios al no estar sujetas a una parte del plan académico y al no conllevar la convalidación de créditos. Es donde el Ministerio de Trabajo detecta mayor volumen de fraude en el cumplimiento de las condiciones de los estudiantes y es por ello que según el último borrador de la norma al que ha tenido acceso ABC se plantea su eliminación total en un plazo máximo de tres años.

Pues bien, esta eliminación, como se ha mencionado, no sienta bien a las empresas ya que consideran que las prácticas extracurriculares «cubre en muchas ocasiones puestos de formación que quedan vacantes a través de la oferta curricular». Pero tampoco ha caído bien entre parte de los socios del Gobierno de coalición, que ven en esta medida un golpe a la oferta formativas que se puede ofrecer en centros universitarios, principalmente la asociada a formaciones de posgrado o máster, que perdería atractivo si no se puede garantizar la realización de prácticas. Según apuntan fuentes cercanas a la negociación este es el principal problema: «El Gobierno no tiene los apoyos cerrados en el Congreso», señalan a ABC.

Esta idea ya la deslizó hace algunas semanas el líder de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, al sugerir que existía una postura poco comprensible de los socios del Gobierno. Aseguraba entonces apuntando a los partidos nacionalistas como ERC y PNV que el 'lobby' universitario estaba ejerciendo presión extremando las posturas políticas y que esta era la razón por la cual la norma no ha visto aún la luz. «El arco parlamentario destinado a dar cobertura legislativa a esta medida está en posiciones verdaderamente sorprendentes», advertía el líder sindical. De hecho, fuentes sindicales apuntan a este medio que el borrador que presentó el Ministerio de Trabajo en octubre fue pactado con el Gobierno y que desde entonces el Ejecutivo ha demorado su aprobación en Consejo de Ministros al no tener garantizada la posterior convalidación en el Congreso.

Tal es la falta de apoyo que habría podido constatar la vicepresidenta Díaz hacia la medida que en los primeros días del año trasladó a los agentes sociales una nueva versión del Estatuto introduciendo cambios que principalmente flexibilizaban el periodo de transición hasta eliminación de las prácticas extracurriculares. Fuentes cercanas a la negociación señalan que este texto es casi peor que lo que había antes ya que no termina de colmar las demandas de la patronal para dar su apoyo a la medida pero además supone cambiar sustancialmente el acuerdo al que había llegado el Gobierno con los sindicatos allá por octubre.

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Como señaló recientemente este medio, el principal cambio está en que el acuerdo alcanzado entre las entidades sindicales y el Gobierno dejaba claro que en un plazo de tres años quedarían prohibidas las prácticas extracurriculares de los becarios en las empresas y, más allá, este plazo se reducía a un año si el centro de estudios ofertaba prácticas curriculares como parte del programa académico. En el último documento, el de enero, el Gobierno elimina la parte en la que el periodo transitorio se reduce a un año en caso de haber una oferta académica tanto curricular como extracurricular, e incluye en la disposición adicional cuarta excepciones de aplicación sobre formaciones de carácter específico, concretamente, para las prácticas realizadas en el extranjero que «se regirán por lo establecido en su normativa específica».

Tal y como explican las fuentes consultadas, estas modificaciones no terminan de convencer a la patronal, pero tampoco a parte del arco parlamentario llamado a convalidar el decreto del Estatuto del Becario una vez sea aprobado en el Consejo de Ministros. Es por ello que el Gobierno se vuelve a encontrar ante la pinza, entre el desacuerdo en el diálogo social y el desacuerdo entre los partidos en el Congreso, que está retrasando la aprobación de la medida.