El Estado vuelve a salvar a Navantia con otros 379 millones de financiación

Navantia ha recibido ya 1.700 millones de euros de financiación del Estado a través de préstamos participativos de la SEPI, según refleja el balance de la compañía a cierre de 2022. El dinero que le debe ahora empezó a ser inyectado en 2017 y ha servido para evitar que los astilleros públicos entren en causa de disolución al tratarse de un instrumento financiero que se contabiliza en las cuentas como patrimonio neto, y refuerza el capital de la compañía.

La financiación se viene justificando por parte de Navantia debido al aumento de la cartera de contrataciones, que en 2022 superó los 1.700 millones.

En concreto, Navantia atribuye los créditos en sus cuentas al «objetivo de reforzar la capacidad financiera para afrontar los nuevos contratos destinados a la defensa nacional y a los compromisos internacionales -1.126 millones de los pedidos corresponden al negocio de defensa-, así como para mantener las capacidades industriales de construcción naval estratégicas». Fuentes de la empresa señalan que las novaciones forman parte de su operativa de financiacióny que «los préstamos se amortizan a tipos de interés de mercado y cuando es necesario novar alguno se procede a ello».

Por el momento, la empresa asegura haber amortizado 290 millones de euros procedentes de los préstamos participativos que la SEPI le empezó a otorgar en el año 2015 para salvar su situación financiera, en un año donde las pérdidas se multiplicaron por seis hasta los 167 millones de euros. Antes de las tres novaciones firmadas el año pasado, el holding público ya había cambiado el plazo de vencimiento de otros cinco préstamos participativos.

¿Por qué Navantia sigue dando pérdidas y necesita de la asistencia financiera del Estado a pesar del elevado volumen de contrataciones registrado en los últimos años? Muchos de esos contratos están todavía sin entregar y no se han cobrado en su totalidad, por lo que su impacto aún no termina de reflejarse en las cuentas. Además, el crecimiento de la cartera de pedidos no le ha llegado en el mejor momento. La empresa atribuye el balance negativo del año pasado al alto precio de las materias primas, de la energía y del alza de los tipos de interés. Una situación excepcional que, sin embargo, no explica que las pérdidas sean sistemáticas, aunque desde 2017 hasta 2021 se redujeron desde los 296 hasta los 82,47 millones.

Más allá de ello, el problema estructural viene también por el número de trabajadores que sostiene. Cerca de 5.000 para los astilleros de Cádiz, Ferrol y Cartagena, lugares donde es un motor para el empleo. El año pasado los gastos de personal ascendieron a 257 millones, seis más que en 2021, y tuvo otros costes de explotación de negocio por valor de 490 millones, 115 más que en el año anterior. Estas dos partidas suman 750 millones de euros, que es más de la mitad de los 1.310 facturados.