El Estado da luz verde para la extinción definitiva de Rumasa casi 40 años después de su expropiación

Rumasa, en realidad, tiene los días contados desde que el 13 de noviembre de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy decretara su disolución por acuerdo de Consejo de Ministros y encomendara a Cofivacasa la tarea de liquidar las cuentas pendientes del hólding, que por aquel entonces contaba con unos activos de 160 millones de euros, según las estimaciones que manejaba el Ejecutivo. Ese día la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría adoptó su tono más grave para proclamar que se cerraba un capítulo de la historia de España. La realidad ha demostrado después que ese cierre era más enrevesado de lo que se presumía.

Sobre la mesa, la liquidación de Rumasa implicaba el despido de los ocho trabajadores –dos de ellos, directivos que llevaban en la empresa desde el año 1983– que aún estaban en plantilla de la empresa y que pese a la falta de actividad de esta generaban un coste anual de medio millón de euros; la extinción de los contratos de servicios con externos que aún se mantenían; y la materialización de los activos restantes de la sociedad, esos 160 millones de euros mencionados.

El camino ha resultado tortuoso en todos esos flancos. En el plano laboral, el expediente de regulación de empleo promovido por el Estado en 2016 para vaciar la plantilla de la empresa como paso previo a su disolución, y en el que la empresa liquidadora empeñó alrededor de tres millones de euros, fue impugnado por los afectados primero de manera conjunta y, posteriormente, cuando los tribunales le dieron la razón a la empresa, de manera individual ante la justicia.

La pelea judicial ha coleado hasta el año pasado y ha sido la causa principal que se ha enarbolado año tras año por Cofivacasa para justificar la demora en la disolución definitiva de Rumasa. La resolución del último litigio laboral pendiente el pasado mes de febrero de 2021 a favor de la empresa es el motivo por el que Cofivacasa ha dado por finalizada su tarea y ha dejado la extinción definitiva de Rumasa a la espera únicamente de que el Gobierno a través de la SEPI le ponga fecha.

Fuentes de SEPI consultadas por ABC aseguran, no obstante, que año y medio después del cierre del último litigio laboral pendiente no hay fecha prevista aún para la extinción definitiva de Rumasa. Apelan a la existencia de litigios no laborales cuya naturaleza no precisan y que la empresa liquidadora de Rumasa jamás ha mencionado.

La extinción de los contratos de asesoría jurídica, laboral y fiscal que la empresa mantenía con diferentes despachos desde mediados de los ochenta y que por motivos difíciles de explicar se prorrogaron durante más de treinta años, y que le generaron a la sociedad costes anuales de unos 200.000 euros, hasta la entrada en escena de Cofivacasa tampoco resultó sencilla. Cuando la empresa liquidadora procedió a resolver esos contratos, uno de los despachos afectados reclamó minutas pendientes por más de 700.000 euros lo que abrió otra frente en la ruta para liquidar la empresa.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la disolución definitiva de Rumasa, en noviembre de 2015, el Tesoro formuló un objetivo de recuperación de fondos de 160 millones de euros, que se corresponden con la valoración de los activos pendientes de materialización que el Ejecutivo realizó para el proceso de liquidación de la empresa.

A día de hoy, y según la información proporcionada tanto por Cofivacasa como por el Tribunal de Cuentas, las arcas del Estado solo han podido ingresar algo más de 50 millones de euros y lo han hecho gracias a una maniobra del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro en 2016 que forzó una reducción de capital de la compañía para poder ingresar ese dinero en forma de dividendos. Desde ese día el Estado no ha vuelto a ingresar ni un euro más de Rumasa

El Tribunal de Cuentas estimó en el año 1998 en 652.000 millones de las antiguas pesetas, cerca de 4.000 millones de euros, el roto que la expropiación de Rumasa y el proceso de reprivatización de las más de 700 compañías que componían el hólding generó a las arcas del Estado. La expropiación de Rumasa el 23 de febrero de 1983 y el embrollo judicial que siguió a la decisión adoptada por el Gobierno de Felipe González continúa siendo a día de hoy uno de los mayores escándalos de la democracia.