El Estado presta otros 10.000 millones para pagar la extra a los pensionistas

El crédito se ha concedido a instancias del Ministerio de Seguridad Social para poder garantizar que esta administración «proporciona una cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social», y ya estaba previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 31/2022, de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados para 2024. Se trata de un préstamo sin devengo de intereses, y en la práctica sirve para que el déficit de la Seguridad Social se mantenga artificialmente bajo a cambio de trasladarlo al del Estado.

No es el primer ejercicio que se recurre a esta vía extraordinaria. Ya en 2023 fue necesario hacer uso de este préstamo para afrontar un saldo negativo de 8.600 millones declarado de forma oficial a cierre de 2023 -contabilizando la totalidad de las vías extraordinarias de financiación-. Y en 2022, en estas mismas fechas, el Ejecutivo también aprobó la concesión de un préstamo a la Seguridad Social para que pudiera abonar la extra de noviembre, pero en ese caso fue de 6.981,6 millones.

Como dictan las recomendaciones del Pacto de Toledo, cada año el Gobierno avanza en la separación de fuentes de financiación, de modo que las cotizaciones se destinen sólo a sufragar las pensiones contributivas y la inyección de recursos se ha multiplicado en los últimos años, constituyéndose en la principal fuente de ingresos y en sostén, por tanto, de la escalada del gasto que han provocado en los últimos años las revalorizaciones de la nómina de los mayores y la espiral de bajas por enfermedad. De transferir 19.610 millones en 2019 se ha pasado a los casi 43.500 previstos para este ejercicio, es decir, un aumento del 130%, más que duplicar la aportación. Si se tiene en cuenta la evolución desde un año antes, el desembolso se ha multiplicado por tres.

La caja única se ha convertido así en una caja bomba cuya detonación se contiene por el auxilio del Estado, que cada año acude con los impuestos a cubrir los huecos que las cotizaciones sociales no son suficientes para tapar cuando las extras de verano y Navidad que cobran los jubilados provocan unas tensiones de tesorería que es necesario sofocar si se quiere cumplir con el pago puntual de las nóminas. La Seguridad Social contaba este ejercicio con 43.463 millones de transferencia procedente del Presupuesto para pagar pensiones. Además de la transferencia corriente, el presupuesto del organismo dispone del citado extra de 10.003 millones utilizado dos años seguidos. De modo que en términos absolutos, los fondos de la Seguridad Social han contado este ejercicio con 53.466 millones de euros del Presupuesto.

Los datos del departamento que dirige Elma Saiz reflejan que este noviembre se han abonado 10.263.079 pensiones contributivas, casi un 1,6% más que hace un año a 9,3 millones de pensionistas. Del total de pensiones, más de 6,5 millones son de jubilación; 2,35 millones de viudedad; 989.767 de incapacidad permanente; 339.497 de orfandad, y 46.266, en favor de familiares.

El desbocado gasto en pensiones y la evolución al alza de las bajas laborales son las dos vías que están presionado las cuentas de la Seguridad Social y abren la puerta a ajustes el próximo ejercicio. Como ya informó ABC, la reforma del exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, incorporó una cláusula de corrección en caso de desviación del déficit que activaría medidas de ajuste de forma automática en el sistema de pensiones. En la práctica, ese sistema pondría en marcha una subida de las cotizaciones sociales o un recorte de las pensiones (o ambos) si la norma hubiera afectado a la sostenibilidad del sistema. Esto último es lo que tendrá que determinar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la encargada de realizar una evaluación y de elevar sus conclusiones al Gobierno.

Aunque habrá que esperar a sus conclusiones, el organismo que dirige Cristina Herrero ya avisó de que la reforma emprendida por el hoy gobernador del Banco de España no iba en la dirección deseada, como también lo hizo el informe sobre envejecimiento que publicó Bruselas. Ambos abocaban a tomar medidas para reducir el desequilibrio en la Seguridad Social en 2025 y coincidían en que los cambios no aseguraban la sostenibilidad del sistema, algo en lo que coincide también el mundo académico, muy crítico con los cambios, volcados en aumentar las cotizaciones y no en recortar los desembolsos.

De momento, el nuevo año llegará cargado de cotizaciones sociales extra para hacer frente a los pagos. Destope de las bases máximas de cotización, tercer año de aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y nueva 'cuota de solidaridad' para los sueldos de más de 59.059 euros anuales. Nuevos zarpazos en la nómina de los trabajadores con los que se busca oxígeno para hacer frente a la escalada del gasto, muy presionado por la incorporación de los 'boomers', una generación con largas carreras de cotización que disfrutan de pensiones elevadas.