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El Estado meterá en caja 1.600 millones de euros por cada mes que no se restauren las medidas del decreto ómnibus

La suspensión de la revalorización de las pensiones, de la actualización de las entregas a cuenta a las autonomías y de las subvenciones al transporte le crearán un inesperado extra de liquidez

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en Fitur EFE
Bruno Pérez

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La suspensión en principio transitoria de las medidas del decreto ómnibus que el Congreso le tumbó al Gobierno el pasado miércoles su pondrá una inyección extra para las arcas del Estado de 1.600 millones de euros por cada mes en que estas no se reinstauren. Se trata más de un ajuste de liquidez que de un ahorro real, ya que las más relevantes desde el punto de vista presupuestario, la suspensión de la subida del 2,8% de la nómina de los pensionistas y la anulación de la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, son obligaciones legales que el Gobierno tendrá que afrontar tarde o temprano, pero que de prolongarse en el tiempo pondrá en el bolsillo del Estado un extra al que incluso podría sacar cierta rentabilidad.

El envés de esta situación es el perjuicio que la no aplicación de estos recursos tendrá para los más de nueve millones de perceptores de pensiones de la Seguridad Social, para las arcas de las autonomías y para los cientos de miles de usuarios del transporte público que verán recortados los descuentos que vienen disfrutando desde 2021.

La desactivación de la revalorización de las pensiones supondrá para la Seguridad Social un ahorro de cerca de 560 millones de euros por cada mensualidad que pase sin que entre en vigor. En la práctica el perjuicio para los perceptores oscilará entre los 90 euros mensuales en las nóminas de las pensiones máximas y los 40 en las pensiones medias. Por contra, la no entrada en vigor del la cuota extra del Mecanismo de Equidad Intergeneracional restará unos 33 millones de euros al mes a la Seguridad Social.

El ahorro mensual para el Estado de la suspensión de las ayudas al transporte público será de cerca de 270 millones de euros, cuya derogación supondrá un alza del 30% en los títulos multiviajes y del 50% o más en los billetes de tren, en tanto no se consiga restaurar las ayudas.

Golpe a las autonomías

Entre los principales perjudicados del revés del Parlamento al Congreso están las comunidades autónomas. El Gobierno decidió incluir en el decreto ómnibus una mínima actualización del 0,7% de las entregas a cuenta del sistema de financiación con el compromiso de elevarlas de manera significativa en el momento en que se aprobarán los Presupuestos del Estado.Si el escenario original planteado por el Gobierno en su decreto ya detraía recursos millonarios a las arcas de los gobierno regionales, la suspensión de esa actualización supondrá un golpe que desde el Ministerio de Hacienda se estima en 9.675 millones de euros, a razón de 806,2 millones de euros por cada mes que se mantenga esa situación y ese dinero no llegue a las comunidades autónomas.

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