La espiral de costes de las familias lleva a las empleadas de hogar a su nivel más bajo desde 2012

A finales de 2022 había 375.901 personas cotizando en el régimen de empleadas de hogar, la cifra más baja en diez años. En este periodo los afiliados de este colectivo no han dejado de caer. Diversas fuentes apuntan la posibilidad de que algunas trabajadoras, que son en un 95% de los casos mujeres, hayan pasado al lado de la economía sumergida. Una teoría que, en parte, se podría explicar si se analizan los datos de la EPA. Según Estadística, en el sector de servicios del hogar había a finales de 2022 más de 377.500 personas, 1.600 menos que los que refleja la Seguridad Social.

Otra de las opciones que barajan los expertos consultados por este periódico es que se haya producido un trasvase de trabajadores del régimen del hogar al de cuidadoras no profesionales de personas dependientes, dado que el Estado volvió a cotizar por ellas. Desde el año 2019 las aportaciones a la Seguridad Social de estos convenios corren a cargo de la Administración General del Estado y no generan coste alguno al cuidador no profesional.

Afiliación a la Seguridad Social de empleadas del hogar

Medias anuales y mensuales para 2022 / En número de personas.

Dic 2022

375.901

428.600

426.700

427.700

Las empleadas del

hogar se integran en

el Régimen General

422.100

422.600

413.700

402.500

381.896

381.485

350.200

295.500

293.100

288.000

280.000

200.000

2008

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Fuente: Ministerio de Seguridad Social

ABC

Afiliación a la Seguridad Social de empleadas del hogar

Medias anuales y mensuales para 2022

En número de personas

Dic 2022

375.901

Las

empleadas

del hogar

se integran

en el

Régimen

General

428.600

427.700

426.700

422.600

422.100

413.700

402.500

381.896

381.485

350.200

295.500

293.100

288.000

280.000

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2008

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Fuente: Ministerio de Seguridad Social

ABC

La principal ventaja para los cuidadores no profesionales, también mayoritariamente mujeres, es que de esta forma los años dedicados al cuidado de la persona dependiente se integran en su vida laboral y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente.

Modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, despedir, son los caminos que muchos empleadores han cogido ante un incremento que algunas familias no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe en un momento, además, en el que está a las puertas un nuevo incremento del salario mínimo. Este indicador ha subido casi un 40% desde que gobierna Pedro Sánchez.

Hay que tener en cuenta que al salario mensual se debe sumar el importe a desembolsar a la Seguridad Social una vez que se ha dado de alta el contrato por parte de la familia empleadora. El tipo de cotización por contingencias comunes sobre la base de cotización a aplicar en cada caso será del 28,30%. Esta cuantía se divide a su vez en un porcentaje del 23,60% a cargo del empleador y del 4,70% a cuenta de la propia empleada de hogar y que se resta en la nómina. El coste total en cotizaciones para las empleadas del hogar va desde los 308,99 euros a un mínimo de 51,56 euros. Si se suman las cotizaciones su sueldo mensual queda en 1.500 euros.

Desde octubre pasado las empleadas de hogar se rigen por un nuevo marco normativo que incluye entre las principales novedades la obligatoriedad de cotizar por desempleo y Fogasa, tanto para el empleador como para la trabajadora. El Gobierno se vio obligado a reconocer su derecho al paro cuando pierden su puesto de trabajo después de que la Justicia europea (TJUE) considerara que la normativa española era discriminatoria, se oponía al derecho europeo y derivaba en una situación de «desamparo social» para este colectivo. La sentencia europea llegaba después de que en 2019 una empleada de hogar solicitara cotizar por desempleo. La Seguridad Social rechazó su petición con el argumento de que no estaba contemplado en la legislación y fue ahí cuando esta trabajadora decidió emprender una batalla legal, que terminó con un fallo favorable de la Justicia europea.

En este caso, el servicio público de empleo bonifica el 80% de estas cotizaciones para mitigar su impacto en la economía de las familias, según la norma aprobada en octubre, en la que se mantuvo también la reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes. También se incrementaron los tramos de bonificación superiores al 20%, en función de la composición del hogar y los niveles de renta y de patrimonio.

A los costes actuales se ha unido desde el pasado 1 de este mes la nueva cuota de cotización adicional del 0,6% que incluye el mecanismo de equidad intergeneracional comprometido con Bruselas, una subida de cotizaciones con la que el Gobierno pretende llenar la hucha de las pensiones, que ahora cuenta con poco más de 2.000 millones euros. Del porcentaje total, el empleador desembolsará el 0,5% y el trabajador el 0,1% restante.

Y, además, este año llegará con más sorpresas para aquellos que tengan contratada o quieran contratar a una empleada del hogar. La vicepresidenta segunda prepara una nueva subida del salario mínimo hasta el entorno de los 1.100 euros después de escuchar a sus expertos. Estos han planteado a Yolanda Díaz un incremento para este ejercicio de entre el 4,6% y el 8,2%, lo que situaría esta retribución en un máximo de 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas frente a los 1.000 euros vigentes.

La decisión última está en manos de Díaz, pero antes deberá convencer o llegar a un entendimiento con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, partidaria de un alza algo más moderada. La también ministra de Trabajo intentará igualmente un consenso con los agentes sociales, aunque la ley dice que solo está obligado a consultarles. Con los sindicatos será mucho más fácil dado que sus peticiones están alineadas con las que defiende la titular de Trabajo, pero con CEOE los puentes están rotos, después de que los empresarios acusasen al Ejecutivo de cambiar por la puerta de atrás el Estatuto de los Trabajadores para que la inspección de trabajo tenga mayor poder en el control de las causas de los despidos colectivos.