España retrocede once puestos en eficiencia del Gobierno desde 2018 en una de las principales listas de competitividad

El país está razonablemente bien situado en capítulos como la dotación de infraestructuras, la atracción de inversión extranjera, la atención sanitaria o el cuidado del entorno, pero se desploma en la práctica totalidad de los apartados que configuran la categoría de 'eficiencia del Gobierno', en la que ni siquiera es capaz de ubicarse entre los 50 mejores países del globo.

Los datos del IMD World Competitiveness Ranking correspondientes a la edición de 2023 sitúan a España en el puesto 51 de la clasificación de 'eficiencia del gobierno' tras perder nada menos que once puestos desde el año 2018. «Hemos venido percibiendo un deterioro progresivo de la percepción de la eficiencia del gobierno en España desde hace cinco años», concede José Caballero, responsable del equipo de investigación del índice.

Lo que traslada ese puesto es la frágil posición de España en aspectos con incidencia relevante en la competitividad como las finanzas públicas (puesto 58), la política fiscal (puesto 57), el marco institucional (puesto 43)o la regulación del marco de actividad de las empresas (puesto 51, tras caer desde el 46 en 2023).

En ese capítulo se concentran además las principales debilidades en materia de competitividad económica que el índice detecta en España: legislación sobre desempleo (62 en la lsita), trámites para crear una empresa (61), impuestos sobre las personas físicas (59), subsidios (58), regulación laboral (57) o capacidad de la acción de gobierno de adaptarse a las circunstancias (57).

Otros indicadores que penalizan la posición española en materia de competitividad son su elevada tasa de paro, el elevado paro juvenil, la escasez de reformas económicas y sociales de calado o el retraso en la transformación digital del tejido empresarial.

Pero si España ocupa el puesto 36 en la clasificación global de las economías más competitivas es porque también tiene potencialidades que la hacen atractiva para la inversión. Las opiniones expresadas por los altos ejecutivos consultados por IMD para elaborar este listado de IMD destacan de forma singular la preparación del capital humano (que se menciona en el 65% de las respuestas), la dotación de infraestructuras del país (64%), la actitud abierta y positiva de sus ciudadanos (51%), la posibilidad de competir vía costes (47%) o el nivel de la educación superior en el país (46%). La competitividad del régimen fiscal solo lo mencionan el 8% de las encuestados y si se pregunta con la eficiencia del Gobierno el porcentaje se desploma hasta el 4,5%. El diagnóstico de los ejecutivos sobre los lastres de la competitividad española es claro.

La clasificación de IMD también pone en relación la capacidad competitiva de cada país con sus principales competidores. Entre los 41 países que se miden del área Europa-África-Oriente Medio España ocupa el puesto 23 (el mismo que en 2018) y entre los 27 países con más de 20 millones de habitantes que entran en la clasificación se le asigna el puesto 15 por su capacidad competitiva, respecto al puesto 14 del año pasado.