España propone una reforma del mercado eléctrico que rechaza el sector
El Gobierno plantea que la UE prolongue los subsidios masivos más allá de 2026
El Gobierno ha enviado a Bruselas una amplia propuesta, lo que se conoce como un 'non paper', para expresar su opinión sobre las grandes reformas que la Comisión Europea va a presentar en los próximos días y que incluyen el rediseño del mercado eléctrico y de las reglas de ayudas públicas. Entre otras cosas, el Ejecutivo pide que se extienda el principio de la excepción ibérica de gas al resto de países y que a la hora de autorizar las ayudas de Estado se tenga en cuenta a los países que, como España, están endeudados y no tienen margen fiscal para grandes intervenciones en la economía. Al contrario, pide que la UE se dote de fuentes propias de financiación para intervenir en los proyectos de transformación económica más allá de 2026, cuando caducan los planes de recuperación. «Defendemos que es necesario mejorar el marco financiero para la economía verde, es decir, mejores instrumentos regulatorios y nuevos instrumentos financieros verdes, pero no a costa de los 'Next Generation Funds' o los fondos de cohesión».
En cuanto a España concretamente, el plan del Gobierno pide que se simplifiquen las reglas para utilizar los fondos de recuperación que el Gobierno insiste en que pretende gastar hasta el último euro.
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La propuesta se presenta como un plan «como respuesta al desafío que afronta la competitividad de la economía europea» y por ahora no es más que una opinión que deberá aterrizar en el intenso debate que se prevé para toda la primavera. El mismo documento reconoce que espera que el resultado se habrá alcanzado durante la presidencia española, en el segundo semestre del presente ejercicio.
Por ahora es difícil decir dónde acabará el documento, que parece una carta con buenos deseos a medida de las necesidades específicas de España, el único país que no ha recuperado el nivel de PIB prepandemia, con el mayor índice de desempleo de toda la UE, uno de los más endeudados y que a pesar de haber sido agraciado con el segundo mayor paquete de fondos para la recuperación, todavía no ha sido capaz de demostrar qué va a hacer con ese dinero. En concreto, «España hará pleno uso de los recursos asignados en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» y «la adenda al plan nacional que se presentará formalmente en breve movilizará el cien por cien de las transferencias y préstamos con un fuerte enfoque en industrialización y autonomía estratégica». El Gobierno se ha jactado siempre de haber sido el más rápido en pedir los fondos, pero hasta ahora no ha sido capaz de explicar qué ha hecho con ellos. Los preparativos de este añadido al plan de recuperación ya se conocían, pero su mera existencia demuestra que el plan que fue enviado a Bruselas en su día no ha servido para gran cosa. Ahora, casi año y medio después de que se aprobasen, el Gobierno propone a la UE que se diseñen «procedimientos acelerados» para los proyectos estratégicos de los planes de recuperación en sectores clave como los de la energía, los semiconductores, los vehículos eléctricos y tecnologías críticas.
La propuesta sobre la reforma del mercado eléctrico habría encontrado cierta comprensión por parte de varios países, pero no del sector. El plan español pretende «proporcionar las señales correctas a los inversores y anticipar los beneficios de la transición energética» a través de una reforma del mercado que pase «de un sector exclusivamente energético a uno de capacidad basado en contratos a largo plazo». Eurelectric, compuesta por 3.500 empresas del sector eléctrico de toda Europa, envió ayer una carta a la comisaria de Energía Kadri Simson para advertirle sobre los peligros de la propuesta española, que a su juicio «reduciría la competencia y obligaría a los hogares a pagar por las ineficiencias». No es la primera vez que el poderoso 'lobby' eléctrico advierte a la Comisión sobre los aspectos perniciosos de las ideas de la vicepresidenta Teresa Ribera y en esta ocasión señala con insistencia la posible fragmentación del mercado interior.
El 'non paper' propone también que se diseñen procedimientos acelerados para los proyectos estratégicos de los fondos Next Generation, como parte de la flexibilización de las normas de las ayudas de Estado. Con esta idea, el Gobierno pretende incentivar una respuesta europea más ágil al paquete de subsidios de 369.000 millones de dólares que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos para fomentar la transición energética y que amenaza con atraer hacia ese país la producción de coches europeos.
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