Escrivá amplía el plazo para la entrega de datos de autónomos tras las quejas de los gestores

Cabe recordar que se trata de una información que reclama actualizar al Seguridad Social para poder encuadrar a estos autónomos en el nuevo marco de cotizaciones, que prevé insertar a los trabajadores en una de las quince horquillas de rendimientos establecidas y que lleva asociada una cuota para cada una de ellas.

Con una particularidad en el caso del millón de societarios, aquellos que han constituido su propia sociedad mercantil, una empresa, -y que guardan ciertas diferencias respecto al autónomo tradicional en términos de las aportaciones mensuales a satisfacer-, ya que en el marco de la reforma del régimen especial pactada por el Gobierno con las asociaciones representativas en julio de 2022, se estableció la obligación de actualizar ciertos datos asociados su actividad en el plazo de un año y medio. La única diferencia para este colectivo dentro de la reforma de ingresos reales es que parten de una base mínima de cotización de 1.013 euros mensuales, con una cuota correspondiente de 310 euros.

Por lo demás, estos trabajadores estarán sujetos a la nueva dinámica de cotización por ingresos, que prevé la comunicación de la previsión de ingresos, el ajuste de la cuota en base a esta cifra, la posibilidad de cambiar la estimación -y por lo tanto de tramo y cuota- hasta seis veces a lo largo del año y finalmente el ajuste al que estarán sujetos por parte de la Seguridad Social cada año tras la realización de la declaración de la Renta y previo cruce de datos con la Agencia Tributaria que dará al organismo la información sobre si las aportaciones realizadas se arreglan a los rendimientos netos o no -con la consecuente reclamación de la diferencia por parte de la Administración, o la devolución en caso de haberse cotizado por encima de los correspondiente por los ingresos percibidos-.

Pero es ese requerimiento de documentación el que trae de cabeza a las gestoras desde hace algunos meses y que ha obligado al Gobierno a abrir la mano y extender el plazo hasta finales del primer trimestre de 2024. Tal y como explican a ABC desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos estas reclamaciones han generado importantes problemas a la hora de cumplimentar los expedientes de los trabajadores. Se quejan de que la información solicitadas, bajo amenaza de sanción en caso de no ser entregada, está ya al alcance de la Seguridad Social por otras vías administrativas como la Agencia Tributaria. Esto, en cualquier caso, ha generado que los despachos hayan tenido que solicitar la información a sus clientes u otros organismos públicos con el consecuente perjuicio sobre la labor de estas gestorías.

Se trata de datos sobre el autónomo, teléfono, email, DNI, sociedades a las que pertenece, porcentaje del capital en cada una de ellas, información de otros socios... «una cantidad de información que un gestor administrativo, teniendo toda la información que se le pide a mano, tardaría entre 30 y 40 minutos en completar», explica el presidente de los gestores, Fernando Santiago, en declaraciones para este medio asegurando que estos datos pueden encontrarlos en el registro mercantil y denunciando que si es el propio autónomo quien deber cumplimentar los requerimientos el trámite puede extenderse durante días.

Ante esta situación, y ante el límite temporal del 31 de octubre, los gestores elevaron sendas cartas al Ministerio de Seguridad Social reclamando una solución y llegando a advertir que esta demanda de datos sobre la actividad de los autónomos societarios sin previa consulta y autorización por parte de los clientes «vulnera la Ley de Protección de Datos», por lo que en cualquier caso no se procederá a cumplir con los expedientes hasta estar validado por los propios afectados, tal y como se desprende de las misivas a las que ha tenido acceso ABC.

Por su parte, fuentes de la Seguridad Social consultadas por este medio reconocen tener conocimiento de estas complicaciones pero alegan, de entrada, que los despachos han tenido más de un año para preparar estos expedientes desde que se acordó en julio del pasado ejercicio, y que además rechazan que se trate de datos a los cuales ya tienen acceso. «No los tiene ni la Seguridad Social, ni Hacienda», aseguran desde el organismo advirtiendo de que esta actualización es esencial para evitar «inexactitudes que redundarían en perjuicio de los propios trabajadores autónomos».

Además, descartan cualquier el conflicto con la Ley de Protección de Datos ya que el tratamiento de información personal es lícito «cuando es preciso para el ejercicio de poderes públicos legalmente conferidos al responsable del tratamiento», según se especifica en el artículo 40 de la ley de Seguridad Social sobre la entrega de información a la Tesorería General por parte de los profesionales oficiales.