Un error de Hacienda da alas a la banca para no pagar el impuestazo en el año de los beneficios récord

Tanto los bancos a nivel individual como las patronales AEB y CECA trabajan desde hace meses con asesores jurídicos de despachos y de las grandes consultoras -las 'big four'- para escudriñar en detalle el nuevo impuesto, que tiene una duración inicial de tres años y que el Gobierno tiene la intención de convertir en permanente. Y entre las conclusiones que han recibido recientemente las entidades financieras, según varias fuentes del sector, está la posibilidad de librarse de las cargas fiscales del primer año de vigencia del impuesto, con cargo a los resultados históricos de 2024.

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El resquicio regulatorio para esquivar el pago del nuevo impuesto a la banca en su primer año de vigencia se les ha abierto por el rechazo del Congreso al decreto ómnibus. Hacienda había aprovechado ese vehículo legal para corregir, apenas tres días después de su aprobación inicial, la imperfecta redacción original de la norma, que como ya había advertido el BCE condenaba a las entidades a imputar como gastos en su contabilidad de 2024 tanto la factura del gravamen transitorio por los rendimientos por comisiones e intereses obtenidos en 2023 como la del nuevo impuesto por los obtenidos en 2024, lo que según el supervisor podría tener «consecuencias no deseadas para la solvencia y posición competitiva de las entidades».

Para corregir esa disfunción Hacienda decidió modificar la fecha de devengo del impuesto -el momento en que nace la obligación jurídica de pagarlo para los contribuyentes- del primer día del ejercicio siguiente al del periodo impositivo (1 de enero de 2025) al último día del mes natural siguiente al del periodo impositivo (31 de enero de 2025). Y fue con ese calendario modificado con el que se entró en 2025, el primer año en que las entidades debían pagar el impuesto. El problema afloró cuando el 22 de enero el Congreso decidió no convalidar el decreto ómnibus, y por tanto la modificación introducida por Hacienda, y la fecha de devengo del impuesto volvió al primer día «del ejercicio siguiente al del periodo impositivo»: el 1 de enero, ya superado.

Fuentes del sector financiero entienden que la consecuencia de ese baile de fechas es que el nacimiento en términos jurídicos de la obligación de declarar por los beneficios de 2024 ya ha sido rebasado sin haberse activado y que, por tanto, no podrá reactivarse hasta el 1 de enero de 2026, y únicamente por los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2025, lo que impediría a Hacienda sacar tajada de los rendimientos por comisiones e intereses obtenidos en 2024.

El asunto es particularmente grave para Hacienda porque las entidades registraron cifras récord de ganancias el año pasado. Entre los seis principales bancos -Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja- registraron un beneficio de 31.768 millones de euros, un 20,5% más. Unas cifras sin precedentes, que los analistas vaticinan que podrían repetirse este año pero no en todos los grupos. El impuesto en realidad no se aplica sobre los beneficios sino sobre los ingresos puros del negocio bancario -intereses y comisiones-, aunque el Gobierno haya usado esas cifras para justificar el tributo. Quien más ganó fue el Santander -aunque gran parte viene de fuera de España- con 12.574 millones. Le siguió BBVA -con mucha aportación al beneficio de fuera del país-, que superó los 10.000 millones. Después se situó Caixabank con 5.787 millones. El Sabadell se apuntó ganancias de 1.827 millones; Bankinter, de 953 millones; y Unicaja de 573 millones.

Las entidades financieras han presentado ya resultados de 2024 pero en ellos no han contabilizado el impacto del nuevo impuesto, cuando su regulación fija que sí deberían hacerlo. Lo cierto es que están estudiando a fondo la situación y va ganando peso la posibilidad de esquivar el pago de este año. Según un informe de BNP Paribas, los bancos tendrían que pagar unos 1.720 millones por sus resultados de 2024. El más castigado sería Caixabank, seguido de Santander y BBVA.

La sensación en el sector es que Hacienda tratará de corregir este asunto más pronto que tarde. De hecho, el sector ha tenido reuniones con el Ministerio, en las que se le ha trasladado que la idea es resolverlo en marzo. Una parte del sector cree que el Gobierno encontrará la fórmula para retocar el impuesto y que habrá que acabar abonándolo. Incluso, señalan que es probable que hagan el apunte contable en las cuentas del primer trimestre. Sin embargo, otras fuentes financieras creen que cualquier intento de arreglo bordearía la inconstitucionalidad, al regular una obligación fiscal de 2024 en un ejercicio posterior, lo que la jurisprudencia entiende como una retroactividad impropia.