Las eléctricas preparan sus inversiones en redes ante el plan de Teresa Ribera para elevar los límites

Hoy, ese límite máximo a la inversión se sitúa del 0,065% del PIB anual para el transporte (Red Eléctrica) –excluyendo las inversiones en interconexiones– y del 0,13% del PIB para la distribución; es decir, unos 1.000 millones de tope anual para lo primero y cerca de 2.000 millones para lo segundo.

Como reconoce el Ministerio que dirige Teresa Ribera en el texto de la consulta, la determinación del volumen de inversión en redes de transporte y distribución fue establecida en un contexto económico y energético «distinto al actual», determinado «principalmente» por la necesidad de contener los costes del sistema eléctrico «en un momento en el que la prioridad era asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico en un contexto de menor dinamismo de la transición energética, en el que no se preveían necesidades de transformación para incorporar nuevas grandes demandas de generación o de consumo», reconocen.

Noticia Relacionada

CONTENIDO EXTERNO

Francia se anticipa a España en la electrificación de su economía: invertirá el triple en redes

Patrocinada

No obstante, más de una década después «el sector energético en general, y el eléctrico en particular, se encuentran inmersos en una transformación estructural, impulsando una transición energética cuyas manifestaciones principales son el despliegue de las renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo de nuevos combustibles y la aparición de nuevos modelos de negocio asociados al despliegue de los recursos distribuidos».

Por eso, reconocen que ahora «puede resultar necesario» revisar la regulación que establece la inversión anual y plurianual en redes de transporte y distribución, una decisión que ha sido recibida gratamente entre las compañías eléctricas.

«Consideramos que esta actualización del marco normativo de las inversiones del sector es una pieza clave para aprovechar las oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España, dados los requerimientos de electrificación de la demanda de energía», cuenta la directora general de Aelec, Paloma Sevilla. Para esta patronal, es positivo que se estudien los volúmenes de inversión «en función de estas nuevas necesidades, como están haciendo países de nuestro entorno como Francia».

Con la modificación de la norma, Transición Ecológica pretende actualizar «el marco normativo que regula la aprobación de los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas y distribuidoras y los volúmenes de inversión a las nuevas necesidades derivadas de la transición energética», apuntan desde el departamento que dirige Teresa Ribera, señalando que «se busca adaptar la regulación a las nuevas oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España a través de una mayor inversión en redes de transporte y distribución con la máxima eficiencia económica».

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, también lo celebró ayer durante la celebración de la junta de accionistas del grupo. «La adaptación, la modificación o la eliminación de este límite de inversión, junto con algunas medidas que permitan acelerar las tramitaciones de los proyectos, va a contribuir a que se alcancen mejor los objetivos del PNIEC a 2030», dijo, tildando de «muy positiva» la consulta pública.

Las soluciones que plantea Transición Ecológica pasan por elevar la inversión en redes de distribución y/o transporte «a la vez que se preservan las señales de electrificación, de competitividad económica y la contención de los peajes»; elevar con carácter general del volumen de inversión máximo como porcentaje del PIB, hasta un valor que se considere «suficiente» para atender las necesidades de red previstas; modificar los supuestos bajo los cuales se podría modificar al alza el volumen de inversión; y/o establecer un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo vigente, previa solicitud de las empresas transportistas y distribuidoras si previamente han superado el límite de inversiones previsto en la normativa.

Vincular este tope al PIB supone «hacerlo con un indicador pasado, cuando las redes necesitan visión de futuro. Vincularlo a este indicador es algo que no pasa en ningún otro país», recalcan fuentes del sector. Para Sevilla, la revisión se debe realizar «bajo la perspectiva de lograr un desarrollo eficiente de la red de transporte y distribución, priorizando el interés de los consumidores». La consulta del Ministerio estará abierta desde este martes, 4 de junio, hasta el miércoles 3 de julio.

Además de modificar estos límites a la inversión, las compañías eléctricas consideran que la retribución por su inversión en redes debería ser mayor que la actual en el próximo periodo regulatorio, entre 2026 y 2031, teniendo en cuenta el fuerte despliegue eléctrico que se espera en los próximos ejercicios. Derivado de estolas empresas están preparando también estas semanas sus propuestas a la CNMC. «Nos preocupa más el esquema retributivo que el límite en sí. Hay un problema de fondo cuando las compañías no agotan el límite», asumen fuentes del sector.

En concreto, el regulador lanzó a mediados de mayo dos consultas públicas específicas sobre las circulares de metodología de la tasa de retribución financiera (TRF) y la retribución de la distribución de energía eléctrica. El objetivo: adaptar el esquema retributivo de la actividad de distribución eléctrica para el próximo periodo regulatorio 2026-2030 y, en cuanto a la tasa, identificar posibles mejoras en su cálculo. Los plazos para recibir comentarios de las compañías están abiertos hasta el 10 de junio, en el caso de la TRF; y hasta el día 9 de julio, en el caso de la marco retributivo.