Las elecciones entierran la ley que preveía multar a empresas por desperdicio alimentario

Ya en junio del año pasado el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunciaba la aprobación de una ley «pionera» y «ambiciosa», que iba a situar a España entre los tres primeros países europeos que aprobaba una norma de este tipo (después de Italia y Francia).

La citada ley se encontraba desde mediados de este mes en el Senado, tras haber sido aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, y el objetivo era que su aprobación final se produjera entre junio y diciembre.

«Se trata de una ley muy importante porque cada español malgasta al año más de 28 kilos de alimentos que acaban en la basura sin consumir, y con ella se pretende concienciar y fomentar buenos hábitos para evitar el desperdicio», apuntaba Planas en febrero, asegurando que la ley se iba a aprobar definitivamente antes de que acabara la legislatura. La disolución de las Cortes por el adelanto electoral, sin embargo, manda la norma al cajón y deja en el aire la aprobación de una de las leyes más defendidas por el ministro socialista.

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De hecho, y en las últimas semanas, las compañías habían comenzado a acelerar para estar preparadas ante la aprobación de la norma, que contempla sanciones de hasta 500.000 euros si las empresas no cuentan con un «plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario», cuya ausencia se considerará una falta grave o muy grave.

«Hay muchísimas empresas, sobre todo pymes, que a día de hoy no son conscientes de que la ley les va a afectar, posiblemente antes de que acabe el año, y no están preparadas porque no saben ni lo que les exige», resumía hace unos días en conversación con ABC la directora de comunicación y relaciones institucionales de Aecoc, Nuria de Pedraza, también encargada del área del desperdicio alimentario.

El texto de la norma remitido al Senado detalla que el objetivo de su aprobación es prevenir la generación de pérdidas y desperdicio alimentario, «incorporando criterios de producción, compra y gestión racionales y basados en las necesidades concretas que impidan la generación de excedentes».

Con la previsión de que la ley fuera aprobada este mismo semestre, las empresas especializadas en desperdicio también estaban hasta ahora recibiendo un alud de solicitudes de información. «Esto va a ser un antes y un después», contaba a este periódico el responsable de Phenix en España, Jean-Baptiste Boubault, que apuntaba a que la norma iba a suponer «un 'boom' en nuestra actividad».

El plan que debían aprobar obligatoriamente las empresas debía, según explicó el ministro de Agricultura, facilitar «el autodiagnóstico de sus procesos productivos, identificar dónde se producen las pérdidas de alimentos, fijar medidas para minimizarlos y destinarlos a otros usos», como la donación o la transformación, así como la fabricación de piensos.

La ley «trata de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos. Para ello, la norma fomentará las buenas prácticas desde los productores primarios, en la fase de cosecha y recolección de los alimentos, hasta los consumidores, bien en el hogar o en bares y restaurantes, ya que el desperdicio de alimentos se produce a lo largo de todas las fases de la cadena», insistía Agricultura.

Ahora, y con la convocatoria electoral, la aprobación de esta ley no solo no se producirá este semestre, sino que cabe la posibilidad de que termine sin salir adelante si cambia el Gobierno tras el 23J.