EE.UU. abre otro frente a España y sentencia que tiene jurisdicción para «hacer cumplir» los laudos de las renovables

«No adoptamos ninguna posición sobre la aplicabilidad final de estos laudos. Solamente sostenemos que los tribunales de distrito tienen jurisdicción para hacerlos cumplir bajo la excepción de arbitraje de la FSIA», sostiene el fallo al que ha tenido acceso ABC, de este pasado 16 de agosto. Con todo, la sentencia recuerda que lo que sostienen es que sus tribunales «tienen jurisdicción para hacer cumplir estos laudos arbitrales», pero que «eso no significa que deban o no deban hacerlo», dejando lugar a interpretación caso por caso.

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Bruno Pérez

Con todo, España sí que recibe el respaldo de la Justicia americana en una arista de este mismo caso. En primera instancia un tribunal de distrito americano había impedido a España pedir medidas cautelares en la justicia extranjera para evitar la ejecución de los laudos en otros tribunales foráneos; ahora, la Justicia de EE.UU. ha señalado que no hay lugar a esa prohibición para España y la anula. Pero, en todo caso, abre la vía a embargos en Estados Unidos.

Este tipo de controversias se remontan a hace una década y tiene su razón de ser en que el Estado español ha sido condenado a pagar cuantiosas indemnizaciones a diversos inversores extranjeros que denunciaron en distintas cortes de arbitraje internacionales los recortes llevados a cabo por el Gobierno en 2014 a la rentabilidad prevista para las plantas renovables.

Numerosos inversores cuentan ya con laudos arbitrales a su favor pero el Gobierno, con la vicepresidenta Teresa Ribera a la cabeza, se niega a hacerse cargo de las indemnizaciones a las que se le condena, que poco a poco se van acercando a los 2.000 millones de euros sumando también las condenas en costas, honorarios de los abogados y los intereses de demora.

El camino por el que avanzarán los inversores afectados que buscan el reconocimiento y ejecución de sus laudos en Estados Unidos apunta al embargo de bienes españoles en ese país, como ya ocurre en otros territorios. Asimismo, el hecho de que los tribunales norteamericanos hayan sentenciado que tienen jurisdicción en este tipo de asuntos invita a muchos otros inversores internacionales a acudir a la Justicia de EE.UU. en busca de la ejecución de su laudos.

En jaque se pone, también, la imagen de España ante la primera potencia mundial. De ahí que el Gobierno y la UE hayan maniobrado, como publicó 'El Confidencial', para tratar de influir en la política de Estados Unidos mostrando su preocupación por este asunto. Así las cosas, España ha llegado a intentar una treta legal en este y otros casos, sin éxito de momento, para tratar de frenar el reconocimiento y ejecución de laudos fuera de la UE.

Más allá de ello, los embargos se están convirtiendo en algo habitual para tratar de hacer cumplir los impagos de las renovables. Uno de los casos más recientes es el embargo que decretó la Justicia de Reino Unido, de forma cautelar, del derecho de usufructo de Aena sobre el aeropuerto de Luton en Londres. El embargo afecta a Aena por estar controlada al 51% por la empresa pública Enaire en un caso que involucra a la empresa americana NextEra Energy, que es también una de las que quiere ejecutar su laudo en Estados Unidos. En concreto, el caso pendiente con la energética americana se refiere al litigio por el incumplimiento de laudos que condenan a España al pago de indemnizaciones por la retirada retroactiva de las primas a las renovables por importe de 290 millones de dólares.

También en Reino Unido, la Justicia de ese país autorizó hace varios meses la incautación de cuatro cuentas bancarias del Instituto Cervantes, la institución pública del Reino de España que promueve la enseñanza, el aprendizaje y el uso del castellano en el mundo, por el impago del Gobierno de los laudos internacionales a inversores extranjeros en renovables. El saldo acumulado en dichas cuentas que fue intervenido por la Justicia británica asciende a 805.808 euros.

Otro reciente embargo tiene que ver con la ejecución de otro laudo en Bélgica. Allí, la Justicia belga decretó la intervención de los pagos de Eurocontrol a Enaire, confiscando de esta forma los ingresos por concepto de tráfico aéreo. En total, el monto sujeto a embargo por este concepto asciende a unos 80 millones de euros.