Las aseguradoras siguen a la espera de las nuevas condiciones de Muface para decidir si ofrecerán sanidad a los funcionarios

El Consejo de Ministros del pasado 28 de enero aprobó esa dotación extraordinaria respecto a los cerca de 4.500 millones que había planteado en su última propuesta para tratar de cerrar de una vez por todas la crisis abierta por la amenaza de las aseguradoras de desentenderse de la renovación del concierto. Fue una decisión de última hora antes de que el sistema se asomara al precipicio y el Ejecutivo vislumbrara una protesta social con imprevisibles consecuencias.

Pero Adeslas, Asisa y DKV aún no saben cuáles son los términos, requisitos y condiciones de esos pliegos que el Ministerio de Función Pública sigue trabajando para afinar la oferta final y cerrar un capítulo que lleva meses abierto a cuenta de la cobertura sanitaria por la que optan centenares de miles de trabajadores públicos. En el caso de Adeslas y Asisa se han mostrado ya más cautas a la hora de plantear la posibilidad de adentrarse en el nuevo concurso, que previsiblemente se establecerá para los próximos años.

En el caso de DKV, esta firma ha sido más reacia por falta de interés económico y ante las pérdidas que –indicaba el grupo– le provocarían las últimas condiciones que el Ejecutivo había puesto sobre la mesa antes del último anuncio de finales de enero. En cualquier caso, la corporación no tiene ninguna decisión tomada, mantiene los contactos habituales con Muface, y sigue a la espera de todas esas condiciones económicas para tomar una posición definitiva al respecto.

Ese último cambio de posición del Gobierno implica que en los próximos tres años las primas que se abonan a las aseguradoras por cada mutualista atendido se incrementarán un 41,2% en los próximos tres años, por debajo del 47% que reclamaba Adeslas, pero muy por encima del 33,5% que se planteaba en la propuesta que fue rechazada casi de principio por DKV y por la propia Adeslas, dos de las tres aseguradoras que actualmente prestan el servicio y que asisten a dos de cada tres mutualistas con póliza privada de Muface.

Pero el sector sigue esperando los pliegos para analizarlos y tomar una decisión final. Entre esas condiciones, se incluirá previsiblemente la posibilidad de compensar a las compañías por pérdidas sobrevenidas, una cláusula que, a la vista de lo ocurrido en el último convenio, resultaba clave para que al sector le cuadraran las cuentas.

Mientras tanto, el sindicato CSIF mantiene convocada una huelga para el jueves 13 de febrero ante la falta de acuerdo. El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha apelado a la voluntad del Gobierno para dar una solución respecto al concierto con Muface para la asistencia sanitaria de empleados públicos, no solo teniendo en cuenta la parte económica sino también mirando «la letra pequeña» de las condiciones de este servicio sanitario.