Díaz encarecerá el despido apoyándose en una doctrina de Estrasburgo que Francia, Italia y Finlandia han ignorado

Finlandia, Italia y Francia también han sido reprendidas por el CEDS por su legislación de despido improcedente, y en ninguno de estos países ha habido cambio judicial o político alguno.

La clave está en la indemnización máxima de 24 mensualidades que rige en España, un tope que según se lee en la resolución, que fue dada a conocer el pasado lunes, «no permite conceder una indemnización mayor en función de la situación personal e individual del trabajador», y «no es lo suficientemente elevado para reparar el daño sufrido por el despedido en todos los casos y para disuadir a la empresa».

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Lo que critica el comité no es la inexistencia de unos mínimos, sino la existencia de un límite por arriba, uno que podría, dicen, no tener en cuenta «el perjuicio real sufrido por el trabajador en relación con las características específicas de cada caso».

A pesar de que España cuenta con las extinciones más generosas de Europa, la vicepresidenta segunda ya está trazando la hoja de ruta para encarecer el despido usando a Estrasburgo como excusa.

Todo ello a pesar de que el dictamen no es vinculante, y según un estudio encargado por Fedea, incluso es algo endeble en términos legales. Esta fundación vinculada al Banco de España ha dado a conocer la opinión de uno de sus expertos, el catedrático de Derecho del Trabajo Jesús Lahera, que avisa de que el CEDS está yendo más allá de la literalidad del art. 24 de la CSE, que se remite a las legislaciones nacionales en las cuantías por despido. Además, afirma Fedea, sientan una doctrina que es contraria a las normas de la mayoría de países del Consejo de Europa firmantes de la CSE, pues en sus leyes nacionales muchos establecen máximos para las indemnizaciones por despido.

Concretamente, las únicas indemnizaciones y/o reparaciones que el CEDS considera adecuadas son las que incluyen el reembolso de salarios entre las fechas del despido y la correspondiente sentencia, la posibilidad de readmisión a criterio judicial, la articulación de indemnizaciones proporcionales al daño real en función de las circunstancias personales del trabajador, y la presencia de indemnizaciones suficientemente disuasorias para las empresas. En otras palabras, nada de topes.

Finlandia, Francia e Italia han hecho caso omiso a unas sentencias muy similares, pero ¿España también puede hacerlo? Según Fedea, esta reforma solo podría entrar en nuestra legislación a través del Tribunal Supremo o el Gobierno.

En el primer caso, porque el TS podría autorizar a los jueces a establecer indemnizaciones adicionales aplicando directamente el art.24 del CSE. Precisamente, está pendiente un recurso sobre este asunto ante la sala IV del TS que le permitirá sentar criterio sobre el tema en breve. Mientras tanto, el dictamen del CEDS no es jurisprudencia para los jueces españoles, que deberán seguir aplicando la indemnización tasada vigente.

Luego está el Gobierno. Cierto es que la resolución podría servir de base para una recomendación del Consejo de Europa sobre un cambio normativo en esta dirección, pero tampoco eso sería de obligado cumplimiento.

Así las cosas, la decisión será política, y sobre esto Yolanda Díaz ha sido muy clara. Cuando el sindicato UGT presentó su demanda ante el CEDS en 2022 -que, precisamente, fue lo que dio el pistoletazo de salida a este proceso-, Sumar añadió al programa de gobierno de coalición el compromiso de modificar el despido con arreglo a la doctrina que sentara el Comité Europeo de Derechos Sociales.