Desgravación del 15% del IRPF por la compra de un vehículo eléctrico hasta un máximo de 20.000 euros
Se amplía hasta finales de año la tramitación de nuevas renovables, el límite al precio de la bombona de butano y las exenciones a las empresas electrointensivas
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos nuevas deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos e instalación de recarga de baterias. El máximo de la deducción será de 20.000 euros, según ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Además, el Gobierno ha adoptado otras medidas:
Exenciones para empresas electrointensivas
El Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos de la que se benefician las empresas electrointensivas desde el 1 de enero de 2022. La medida se acompaña de una disposición por la que se habilita al traspaso a 2023 del superávit del sistema eléctrico de 2022, lo que permitirá su financiación sin que conlleve coste presupuestario ni incremente la factura de los consumidores.
Prórroga del límite al precio de la bombona de butano
Habida cuenta de que las cotizaciones internacionales de los Gases Licuados de Petróleo tienen un carácter estacional muy acentuado, encareciéndose en los meses de invierno, se prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el precio máximo de venta de la bombona de butano de 19,55 euros que se estableció en junio del año pasado. El precio máximo de venta de la bombona está regulado y se revisa bimestralmente; en la actualidad, gracias a la relajación de las cotizaciones internaciones, está situado en 15,96 euros.
Más plazo para tramitar nuevas renovables
En la actualidad hay proyectos renovables que suman 43 GW de potencia (el 80% fotovoltaica y el 20% eólica) que deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa tras obtener nuevamente los permisos de acceso y conexión a la red, de acuerdo con el calendario de hitos establecido por el RDL 23/20.
Muchos de estos proyectos han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas. Además, la elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica.
Por consiguiente, se extiende seis meses el plazo para que esos proyectos obtengan la autorización de construcción, facilitando la participación pública en su nueva configuración y aumentando las opciones de contratación con la cadena de valor industrial española y europea. Los proyectos, en todo caso, se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda verde.
Mejora retributiva para la cogeneración
En respuesta a la consideración de la CNMC, el real decreto-ley que hoy ha aprobado el Ejecutivo modifica las referencias de precios de los mercados eléctricos y de los combustibles introducidos en las fórmulas que definen los parámetros retributivos de las plantas de cogeneración, biomasa y residuos, introduciendo unos valores más acordes a la situación actual de los mercados que reflejan de una manera más fiel los ingresos y costes de estas instalaciones.
Esta medida incrementará en 180 millones los ingresos regulados de las instalaciones renovables en 2023, a lo que se añaden otros 20 millones para las plantas de cogeneración a computar en el primer semestre de 2023.
Puntos de recarga de utilidad pública
Finalmente, la norma impulsa la movilidad sostenible, al facilitar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de gran potencia, muy relevantes en las vías principales, porque permiten recargar rápidamente los automóviles y contrarrestar la denominada «ansiedad de autonomía» de los conductores.
Concretamente, declara de utilidad pública todas las estaciones de recarga que tengan una potencia superior a 3 MW, eximiendo de la necesidad de obtener autorización administrativa a las instalaciones por debajo de dicha potencia. Se trata de una medida de simplificación administrativa que fue solicitada por las comunidades autónomas y el sector en el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete