La crisis de Muface agrava el malestar de la élite de la Administración con el Gobierno

El aserto, repetido con insistencia por altos cargos políticos con mando en el área de Función Pública, ha sido desmontado por estudios y estadísticas, pero no ha impedido que el Gobierno no solo haya mantenido sino intensificado sus actuaciones para hacer más sencillo el acceso a los cuerpos superiores de la Administración, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, cuerpo diplomático, técnicos comerciales, es definitiva, aquellos llamados a nutrir de directivos públicos a la estructura del Estado, y para erosionar el supuesto privilegio que les reserva no solo el ejercicio de potestades públicas sino la ocupación de determinados puestos clave en el funcionamiento de la Administración.

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«Parece haber un interés por acabar con los cuerpos superiores del Estado», explicaba esta semana en un acto organizado por Fedeca el ex secretario de Estado de Asuntos Sociales en el Gobierno de Mariano Rajoy e interventor del Estado, Mario Garcés. «cuando lo que son es precisamente un síntoma del nivel de salud de la Función Pública. Gracias a ellos se ha conseguido que haya menor corrupción en España, tanto en la política como en la Administración», sentenció.

Y es una percepción compartida por altos funcionarios de toda tendencia ideológica. Un ex alto cargo de la estructura del Ministerio de Hacienda en la era del Gobierno de Zapatero admite en conversación con ABC que estos últimos cinco años, salpicados de ataques a los jueces, politización de órganos institucionales y promesas de cesiones a las comunidades autónomas de servicios básicos de la función del Estado, como la gestión de la Seguridad Social, la representación en Europa en materia de fiscalidad internacional o la misma Agencia Tributaria, han conducido a la figura de los altos funcionarios a un punto de inflexión, que si no se corrige «puede empezar a poner en cuestión la utilidad de su misma existencia».

Las asociaciones que representan a los altos funcionarios de la Administración del Estado, agrupados dentro de la plataforma Fedeca, se quejan de que el Gobierno al que sirven, como servidores públicos que son, desde puestos clave de los ministerios, haya afrontado aspectos tan sensibles como la reforma de las oposiciones, la reforma integral del modelo de Función Pública -cuya ley reguladora espera desde hace semanas el arranque de su trámite parlamentario-, el desmontaje del actual sistema de gestión fiscal o la posible reforma del modelo de prestación de la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y familiares sin haberles dado siquiera la oportunidad de plantear sus alegaciones.

En los últimos dos o tres años Fedeca ha solicitado reuniones con los ministros responsables de los cambios legislativos que el Gobierno ha decidido afrontar con un éxito muy escaso. Y cuando se les ha recibido el episodio ha resultado dantesco. Un miembro de la actual Ejecutiva de Fedeca recuerda que el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, accedió a recibirles en lo que creyeron que se trataba de una reunión para escuchar sus aportaciones y alegaciones al proyecto gubernamental, pero lo que se encontraran fue que el ministro les hizo una presentación de su proyecto en plan profesor y sin admitir debate alguno sobre los aspectos que Fedeca consideraba más dañinos.

Esta indiferencia hacia la organización representativa de la élite de la Administración se ha prolongado con la crisis de Muface. Fedeca ha solicitado tres veces reunirse con el ministro de Función Pública, Óscar López, y con la secretaria de Esado, Clara Mapelli, sin que hasta la fecha se les haya recibido. Los argumentos que se les trasladan desde el Gobierno giran en torno a que la legislación española reserva la capacidad de negociar a las organizaciones sindicales mayoritarias, entre las que Fedeca, que es muy representativa en el segmento de los altos funcionarios, pero muy poco en el ámbito general de la Administración, no se encuentra.

«Valiente estupidez», denuncia la presidenta de la asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, rostro visible de la revuelta del colectivo contra la reforma de las oposiciones y el posible traspaso a la Generalitat de la estructura de la Agencia Tributaria en Cataluña. «En las cosas que nos afectan directamente tendríamos que tener voto, pero como mínimo voz», remacha.

«Lo único que demandamos es que nos hagan caso», reivindica Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo y presidenta de Fedeca. «Somos profesionales que en muchos casos cumplen funciones directivas en la Administración y creemos que sería buena que se escuchara a personas que por los puestos que ocupan tienen un gran conocimiento de las situaciones».

«Tal vez nos falta representatividad, pero al Gobierno le está faltando sensatez», aseguró esta semana en el mismo foro Rafael Santiago, vicepresidente primero del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de ayuntamientos (Cosital), que también está peleando ya en los tribunales por desactivar y revertir la cesión al País Vasco de las competencias de selección y formación de este cuerpo de habilitados nacionales.

Los frentes de conflicto entre el Gobierno y los altos funcionarios se enconan y cada vez son más , y Fedeca ha decidido dar un paso adelante y hacer valer su representatividad ante el Gobierno. Dicen que si no se les da, la exigirán en los tribunales.