Correos se juega en dos sentencias 350 millones y sus planes de futuro
Una derrota judicial pondría en cuestión el modelo operativo de la empresa estatal y la expondría a una oleada de demandas
Pedro Saura: «La situación de Correos es crítica. No he visto ninguna empresa pública con estas cifras»
El aún por conocer plan estratégico del equipo del nuevo presidente de Correos, Pedro Saura, para sacar al operador postal público del atolladero en el que le sumió el agujero de más de 1.000 millones de euros acumulado durante la etapa del exjefe ... de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, al frente de la compañia postal, nace con una espada de Damocles sobre sus directrices.
Se sabe que el plan pasa por reforzar las atribuciones de servicio público de Correos, por mantener su condición de operador designado para la prestación del servicio postal universal (SPU), y por tanto para la recepción de los recursos presupuestarios asociados al mismo; y por ensanchar el perímetro de los servicios que se prestan bajo el SPU para justificar los en torno a 3.000 millones de euros de fondos públicos que Saura trasladó a los sindicatos que el Gobierno estaba dispuesto a inyectar en la compañía para primero estabilizar su delicada situación financiera y en último término garantizar su viabilidad.
El plan cuenta con el compromiso del Gobierno, de la SEPI y, a la espera de conocer su contenido definitivo, de los agentes sociales -algo que no ha sucedido en los últimos cinco años-, pero pende del hilo de dos procesos judiciales pendientes, que no solo amenazan con encarecer la factura prevista por el Estado sino sobre todo con poner bajo cuestión el modelo de prestación de servicios con el que Correos ha venido operando hasta la fecha.
Abuso de posición
El más relevante tiene que ver con la quiebra de Unipost. El principal competidor de Correos durante años en el segmento postal tradicional bajó la persiana dejando en la calle a 2.400 trabajadores en abril de 2018, pero sus propietarios decidieron abrir una batalla legal a posteriori contra el operador postal público en la que le reclaman más de 300 millones de euros por presuntas prácticas anticompetitivas, que a su juicio habrían precipitado la quiebra de la firma.
El proceso, cuya resolución definitiva tras más de cuatro años de diligencias se espera para la vuelta del verano, se reconoce como un «riesgo posible» en las última cuentas anuales de Correos, si bien el mayor riesgo no es tanto financiero como de fondo.
La demanda de Unipost se enfoca en denunciar al operador del Estado por haber sacado ventaja de su posición de dominio en el mercado postal y por haber utilizado el músculo financiero que le llegaba de los Presupuestos para expulsar del mercado a sus competidores a golpe de ofertas comerciales a la baja a los grandes clientes, forzando a los competidores como Unipost, a echar el cierre.
La argumentación de Unipost encuentra sustento en episodios como la sanción que la Comisión Europea impuso al Reino de España y que obligó a Correos a devolver en 2018 al Estado 167 millones de euros por las compensaciones excesivas recibidas del Estado entre 2004 y 2010 por la prestación del servicio postal universal, precisamente la base sobre la que el plan estratégico pretende ahora sostener el plan de rescate del operador postal. La réplica de la decisión de Bruselas forzó al Estado a rebajar también las compensaciones que estaba a pagando a Correos en el periodo 2011-2020 y está en parte en la base de los problemas financieros que ahora atraviesa la compañía.
Fuentes del sector postal privado deslizan que una sentencia desfavorable en el caso Unipost cuestionaría todo el modelo de retribución del SPU y dificultaría la intención manifestada en el acuerdo marco rubricado por Correos, SEPI y los sindicatos mayoritarios, con el visto bueno del Gobierno, para hacer lo posible por mantener la prestación del SPU por parte de la empresa postal pública.
El otro proceso, instado por otro operador privado, RD Post, reclama una indemnización de hasta 41 millones de euros a la empresa pública por la prestación deficiente y defectuosa de los servicios contratados a Correos. Sin la red del operador postal público, las empresas privadas se ven obligadas a contratarle determinados servicios para poder competir por los grandes contratos. Desde el sector privado siempre se ha lamentado el servicio defectuoso que reciben en estos casos y advierten que una resolución favorable a RD Post desencadenaría una ola de demandas de otros operadores de pequeño tamaño también afectados por estas prácticas.
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