Consumo abre una investigación para «perseguir» la publicidad de viviendas de alquiler turístico sin licencia
El Ministerio de Bustinduy advierte que, en caso de confirmarse, las sanciones para las plataformas podrían llegar a los 100.000 euros
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las plataformas en las que se anuncian las viviendas de alquiler turístico para averiguar si existen prácticas comerciales desleales en la publicidad pisos sin licencia. Tal y como ha trasladado el Ministerio de Pablo Bustinduy, estas se anunciarían por toda España en plataformas destinadas al alquiler turístico.
«Desde la Dirección General de Consumo, integrada en este ministerio, se han identificado posibles prácticas de este tipo en diferentes ciudades españolas», apunta el Ministerio en el comunicado remitido a los medios. La finalidad de la investigación, detallan, es determinar si existen indicios de estos ilícitos, por ejemplo, mediante la publicidad de viviendas que no cumplirían con los requisitos para poder comercializarse como turísticas, y, en su caso, abrir los potenciales expedientes sancionadores.
Si se confirmarse, se trataría de prácticas comerciales que, con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, serían desleales. «Por tanto, supondrían una infracción que puede generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada», señalan desde la Dirección General de Consumo. Los expedientes deberían resolverse en un plazo máximo de 9 meses, pudiendo acarrear las correspondientes sanciones.
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Hasta ahora, el Ministerio ha enviado requerimientos de información a las plataformas que actúan como intermediarias en este sector. Con ello, los de Bustinduy pretenden, poder determinar potenciales responsabilidades de cada operador implicado, principalmente de las empresas que publicitan los alojamientos.
«Un número significativo de viviendas operan sin licencia»
El Ministerio de Bustinduy asegura que, según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia este ámbito, «un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia». Por esta razón, añaden «este Ministerio ha decidido poner en marcha esta investigación con el fin de proteger a las personas consumidoras y usuarios ante estas prácticas».
La investigación, agregan, hace especial hincapié «en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley general».
Las infracciones podrían derivar en multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría elevar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícidto obtenido.
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